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Red Internacional

Violencia contra periodistas. La disputa AMLO-Loret y la violencia descarnada contra periodistas

Las tensiones entre el ejecutivo y Loret de Mola continúan, pero ¿qué hay detrás?

Yara VillaseñorSocióloga y latinoamericanista - Militante del MTS - @konvulsa

Miércoles 16 de febrero | 13:01
*Foto de redes sociales

La polémica entre Loret de Mola y AMLO a raíz del reportaje sobre la mansión que habitaba el hijo mayor de AMLO en EEUU ya va para dos semanas. En el senado se discutió el tema, aunque los legisladores del Morena rechazaron exhortar a que se inicie una investigación formal.

En medio de los dimes y diretes, se cuela la terrible realidad que enfrentan las y los periodistas, con el séptimo asesinado del año, Heber López.

El aumento de la violencia contra periodistas es un reflejo de la profundización de la violencia que se vive desde la “guerra contra el narco” de Calderón y la militarización del país, continuada por el gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador. Cabe mencionar que el número de periodistas asesinados bajo este sexenio (60) ya superó los de los dos anteriores, situación que ha generado protestas en todos los estados del país.

Además de la inseguridad, las condiciones laborales han empeorado mucho para el conjunto de las y los trabajadores del gremio, mismas que distan kilométricamente de las que ostentan los paladines de la oposición conservadora o periodistas de mayor renombre.

Entre el bajo clero del periodismo abundan el trabajo sin contrato, a destajo, los bajos salarios, la falta de prestaciones, la ausencia de sindicatos. Los 35 millones de pesos que presuntamente gana Loret de Mola según las declaraciones de AMLO, no reflejan en absoluto la realidad de sus colegas, y el "riesgo" que corre está lejos de acercarse al que enfrentan periodistas en zonas de conflicto por el territorio o controladas por el crimen organizado, así que no se vale generalizar.

¿Medios de comunicación o de manipulación?

Es verdad que los medios de comunicación conservadores tejieron profundos vínculos con el poder político, particularmente con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional durante anteriores sexenios, firmando contratos millonarios por publicidad para funcionarios y políticos tanto como para grandes empresas.

Como planteó el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, bajo estos sexenios era común que hubiera “fake news” o “montajes”, como el escándalo de la supuesta detención transmitida "en vivo" (sic) de la francesa Florence Cassez. El montaje buscaba legitimar a la Policía Federal, a García Luna y a la estrategia de seguridad en cuestión.

Una muestra clara de que los medios no son neutrales, sino que responden a una línea política editorial aun cuando la rigurosidad de investigación les permita afanarse de objetivos, y no pocos responde a los intereses de quienes los financian. En cualquier caso, son cruciales para moldear la opinión pública.

Tampoco olvidamos que los medios conservadores sostienen un discurso reaccionario, que criminaliza la protesta social, refuerza estereotipos sexistas y heteronormativos y hacen un manejo discrecional y amarillista en la “nota roja” cuando se trata de casos de feminicidio, crímenes de odio o asesinatos de periodistas y luchadores sociales. Pero sería ingenuo no darse cuenta de que también existe línea editorial oficial dictada por el gobierno de la “cuarta transformación”.

Esto se expresa en la estigmatización de movimientos sociales y protestas que se desarrollan por fuera del control del gobierno, cuestionando sus medidas y las “buenas formas” de hacer política, como es el caso de sus declaraciones sobre la huelga del SutNotimex, las protestas de los normalistas o frente al movimiento de mujeres. O en el sesgo editorial de varios medios antes “críticos”, como La Jornada, que cada vez responden más a la línea del gobierno.

Eso no quita que a través de redes sociales sea muy sencillo apreciar la vida de lujos que lleva el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, en su fresco matrimonio con Carolyn Adams, en vacaciones y casas de varios millones de dólares y miles de metros cuadrados.

Esta última cuenta en su Instagram con cientos de fotos de sus viajes a Europa y Dubai, subiendo a jets privados y autos de lujo, brindando con champaña Moët y Chandon e incluso una foto con Trump. Algunos medios han instalado la pregunta sobre cómo pueden financiar sus comodidades dedicándose ella a enseñar ballet y él con su cargo de asesor legal que tuvo que dar a conocer.

Sin embargo, la familia es una carga que no se escoge, y más allá del choque que representan estas imágenes contra la idea de austeridad republicana de López Obrador, llama más la atención la noticia que vincula la casa donde vivían los recién casados al dueño de la empresa Baker Hughes, proveedora de Pemex (Petróleos Mexicanos) que mantiene contratos con el gobierno actual por millones de dólares.

Puede que la popularidad de AMLO no sienta efectos tras este ataque de los medios conservadores, pero definitivamente la situación que atraviesa su gobierno en materia de seguridad pública es crítica, y la violencia contra periodistas es un elemento que profundiza el cuestionamiento y los límites de su estrategia de seguridad.

Por un gran movimiento en las calles contra la violencia, la militarización y los asesinatos de periodistas

Ya el propio Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos, Población y migración, declaró que más del 90% de los casos de asesinato de periodistas quedan impunes. Lo cual replantea la necesidad de impulsar comisiones independientes integradas por periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y activistas que den seguimiento a los casos y procesos de investigación para obtener justicia mediante la movilización combativa e independiente al gobierno y la derecha.

Como en el caso de los feminicidios o el asesinato de ambientalistas, los mecanismos de protección de defensores y periodistas son ineficaces y poco han ayudado a preservar la integridad de quienes los solicitan. La situación se vuelve más grave aún cuando se rastrea que en el 43% de los casos de asesinatos de periodistas, había involucrados funcionarios públicos, y en un 61% las víctimas trabajaban sobre líneas políticas, según la organización Artículo 19.

La situación de las periodistas es aun más grave: en los últimos once años, se han registrado 1,200 agresiones contra mujeres periodistas, pero bajo la 4T, se han denunciado 769 casos de asedio, amenazas y ataques (64% de los casos), según Signa Lab con información de CIMAC noticias. Reporteras, directoras de medios, fotógrafas, columnistas, conductoras, locutoras, blogueras, al sufrir amenazas, también enfrentan ataques misóginos de índole sexual.

Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica para esta organización no gubernamental, declaró que los dichos de AMLO contra “periodistas mercenarios” refiriéndose a los comunicadores de la oposición conservadora, fortalecen una narrativa que criminaliza a las y los periodistas en un clima de mucho riesgo producto de la violencia de la que son objeto, algo de “enorme irresponsabilidad política”.

AMLO no puede asociar a la oposición conservadora toda crítica a su gobierno. Y tampoco debería aspirar a controlar toda la opinión pública, algo que no tiene nada de democrático. Para defender las condiciones elementales de libertad de opinión y expresión, es indispensable frenar la violencia contra quienes informan de la realidad día con día, y acabar con todo intento de censura y persecución para la prensa independiente.

Sin embargo, para modificar sustancialmente las condiciones que enfrenta el gremio de periodistas hoy, hace falta fortalecer el periodismo crítico del gobierno, de la derecha conservadora (que también busca aprovechar esta cruda problemática para golpear al gobierno) y de los empresarios, bregando por un periodismo comprometido con las causas sociales y las luchas de todos los sectores, aun si confrontan al gobierno más popular de las últimas décadas.

Las iniciativas que existen para articular a las y los trabajadores del gremio, como el Encuentro Nacional de periodistas convocado para el 5 de marzo en Chiapas, deben fortalecerse y masificarse, y plantear una política que apele al respaldo democrático de la población y a la movilización en unidad con otros sectores en lucha. En primer lugar, estos espacios deben abrazar la huelga incansable del Sutnotimex, cuyas trabajadoras -que son mayoría- están por cumplir dos años en huelga, enfrentando hostigamiento de la guardia nacional y el gobierno, su patronal.

También deben posicionarse de manera combativa y crítica frente a la estrategia de seguridad del gobierno y denunciar la militarización del país, que ha favorecido el caldo de cultivo de la inseguridad que provoca la constante cosecha de cuerpos de jóvenes, mujeres, periodistas y migrantes, preservando la impunidad. A partir de estas cuestiones, se puede discutir cómo lograr la mejora de las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral de todo el gremio, pero nada cambiará mientras sigan asesinando a quien levanta la voz.

¡Ni unx menos! ¡No se mata la verdad asesinando periodistas!




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