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Red Internacional

La reforma eléctrica impulsada por AMLO ha alimentado, en las últimas semanas, un posicionamiento más decidido de la administración estadounidense a la hora de mostrar sus “reservas” ante la iniciativa lopezobradorista.

Pablo OprinariCiudad de México / @POprinari

Martes 15 de febrero | 18:24

Ese fue sin duda el motor de la reciente visita de John Kerry a México, que fue precedida, en el mes de octubre, por viaje y un encuentro previo con López Obrador, en octubre de 2021.

El experimentado político estadounidense, actual enviado especial para el Clima del gobierno de Joe Biden, ha manifestado lo que parecen ser las dos preocupaciones fundamentales de la Casa Blanca. En primer lugar, que la reforma eléctrica “no infrinja las normas del T-MEC” y que México fortalezca un “mercado abierto y competitivo”, lo que en realidad significa que se preserven las oportunidades y las inversiones de las transnacionales imperialistas, quienes se beneficiaron de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

En segundo término, que el gobierno de López Obrador “acelere el paso hacia las energías limpias”, lo cual -lejos de representar una preocupación genuina por la catástrofe climática a la que el capitalismo y sus gobiernos han llevado al mundo- busca beneficiar a las empresas estadounidenses en ese terreno, en la medida que requiere altos niveles de inversión y ofrece inmejorables tasas de rentabilidad.

Las declaraciones de Kerry fueron secundadas por su embajada en la Ciudad de México, que manifestó su preocupación ante la reforma eléctrica del gobierno federal. Un hecho que no es menor, considerando que días antes el embajador Ken Salazar se había mostrado mucho más amistoso con la iniciativa presidencial.

Aunque el enviado de Joe Biden pretendió mantenerse en los marcos del “respeto” a las decisiones del gobierno mexicano, la realidad es que se trató del intento más claro, en lo que va de la actual administración demócrata, por presionar al presidente mexicano. Una injerencia imperialista que evidentemente responde al lobby empresarial que viene empujando en ese sentido y exigiendo una acción más decidida por parte de la Casa Blanca, como ya se vio previamente, con la declaración emitida ante la ultima reunión de los mandatarios de los países integrantes del TMEC.

De hecho, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que agrupa a representantes de empresas trasnacionales, lo expresó de forma más directa en voz de su presidente, Alberto de la Fuente, quien además es director general de Shell México. Cumplir los compromisos requeridos por las empresas que operan en México requeriría una mayor inversión en energías renovables, de alrededor de 6,000 millones de dólares y 6,3 gigavatios adicionales de capacidad. Los cuales, dicen, no podrían ser garantizados por el gobierno; cínicamente, los beneficiarios del saqueo de las últimas décadas contra el país, aducen que ese dinero debería ser invertido en salud, educación y otras necesidades sociales.

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El gobierno frente a la “diplomacia” imperialista

La respuesta de AMLO ha tenido distintas aristas. En su conferencia mañanera sostuvo que le explicó a Kerry que su gobierno está a favor de las energías limpias, pero en contra de la corrupción. Más allá de las declaraciones presidenciales que pretenden mostrar una actitud de mayor autonomía respecto a Estados Unidos, el hecho es que el gobierno está buscando apaciguar las preocupaciones estadounidenses.

Por una parte, con el establecimiento de un grupo de trabajo para acelerar la generación de energías limpias. Luego, con declaraciones como las que sostuvo la secretaria de Energía Rocío Nahle, al decir que el gobierno no tendrá que hacer ningún pago a ninguna empresa privada, porque no habrá expropiaciones de ningún tipo.

Por último, ha trascendido que los senadores de Morena estarían preparando cambios a la ley para evitar fricciones con los socios del T-MEC y posibles arbitrajes. Todas cuestiones que están en el centro de la inquietud de Estados Unidos.

El hecho es que el gobierno mexicano debe navegar entre la mirada vigilante de la Casa Blanca y concretar una iniciativa que fortalezca su perfil antineoliberal, archivando la principal reforma impulsada por los partidos hoy opositores en el sexenio pasado.

En su política exterior, AMLO ha mostrado que, más allá de la retórica progresista y de algunos gestos de diplomacia internacional, no traspasó los límites tolerables por Washington y, más aún, se alineó con éste en las cuestiones claves de la agenda bilateral; desde el TMEC hasta las políticas migratorias y de seguridad nacional. Y no olvidemos su posicionamiento explícito junto a su principal socio comercial, frente al gigante asiático, China. La visita de Kerry evidentemente pretende asegurar un mayor alineamiento con las preocupaciones y los intereses estadounidenses.

A todo esto debe sumarse las dificultades que se avizoran para lograr la aprobación de la reforma en el terreno legislativo. Debe ser un factor de preocupación -y de potencial frustración- para el gobierno, contar con altos índices de popularidad pero no con los votos necesarios en la Cámara de Diputados.

Tanto la presión “amigable” proveniente del norte, como los compromisos que deberá contraer con la oposición en el Congreso, hacen esperable una modificación de la reforma, y una moderación de los aspectos más cuestionados por los empresarios y los intereses imperiales, lo cual es desde hace tiempo alentado por sectores del propio Morena, como el senador Ricardo Monreal.

La reforma impulsada por AMLO sin duda ha despertado amplias simpatías en sectores de la población, en la medida que se propone echar atrás la reforma peñanietista y darle un peso mayor a la rectoría del estado; aunque como decimos está por verse cómo quedará en su versión final.

Sin embargo, la misma está lejos de buscar una nacionalización íntegra del sector; que es lo que podría abrir el camino a una verdadera soberanía energética y a no depender del capital imperialista. Eso, por ejemplo, permitiría contar con fuentes de energías limpias, que hoy están en manos de las empresas privadas y trasnacionales, poniéndolas al servicio de los intereses de las grandes mayorías.

De igual manera, la obtención de recursos para impulsar una mayor generación de energías limpias, podría venir del no pago de la deuda externa y de impuestos progresivos a las grandes fortunas.

Ante las frases al estilo de “no nacionalizáremos ni un tornillo” (Nahle), que muestra bien los límites del gobierno de AMLO que se detiene frente a los intereses del capital y el imperialismo, hay que levantar la necesidad de una nacionalización del conjunto de la industria eléctrica, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores, en el interés de las grandes mayorías obreras y populares de México, enfrentando para ello la opresión y la injerencia de Estados Unidos, en una perspectiva claramente anticapitalista y antiimperialista.




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