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GOBIERNO AMLO

Las telecomunicaciones en el gobierno de López Obrador

¿Qué ocurrirá con la “separación funcional” de Telmex en el gobierno de López Obrador? ¿Qué respuesta deben dar los trabajadores telefonistas?

Iván Zárate

México

Miércoles 3 de abril | 14:43

Peña Nieto y el “Pacto por México” (PRI-PAN-PRD) impusieron su neoliberal “Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones” en el 2013, modificando las reglas del mercado para propiciar la entrada de más compañías nacionales y extranjeras al sector dominado por América Móvil (Telmex, Telcel y Telnor).

Cuatro años después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que la “joya” de Carlos Slim continuaba acaparando la mayoría de la industria y le exigió la “separación funcional” de Telmex y Telnor, originando un conflicto político y laboral que continua hasta nuestros días.

El plan del nuevo gobierno hacia las telecomunicaciones

Si bien en un momento la política de López Obrador parecía dirigirse hacia la abolición de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) [1] y el conjunto de las “reformas estructurales” de Peña, en la actualidad se orienta a conservarlas con algunas modificaciones que no cuestionan de fondo el dominio del capital privado nacional e internacional, ni los lineamientos esenciales de organismos financieros y políticos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de los responsables de dictar las políticas neoliberales en México desde los 80´s.

Ejemplo de lo anterior podemos verlo en la “reforma energética”, donde, de manera muy similar a lo aplicado en telecomunicaciones, el régimen del Pacto por México anterior creó un “entono competitivo” en el que PEMEX ya no sería la única compañía que explote y comercialice el preciado recurso nacional, permitiendo la entrada de compañías privadas norteamericanas, inglesas, españolas etc. “Entorno” que AMLO respeta contradictoriamente manteniendo las concesiones que esas compañías obtuvieron para entrar al país, argumentando que a partir de ahí impulsará su política de “rescate a PEMEX”.

De igual forma, en el sector de las telecomunicaciones, la administración de López Obrador no pretende revertir la política de EPN, sino partir de ella para desplegar su política "social". Por eso, hace dos años el equipo de AMLO le aseguró a ejecutivos de AT&T que un gobierno del Morena no echaría abajo la reforma [2], y de igual manera aseguró hace meses al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que respetarán la autonomía del IFT. [3]

Para justificar el carácter "social" que el gobierno actual quiere aparentar en el sector mientras mantiene las reglas neoliberales que ya impuso la administración anterior, ofrece el desarrollo del internet móvil y fijo en las áreas rurales, principalmente escuelas y plazas públicas. Para esto echará mano de la Red Compartida y de la Red Troncal – las cuales tienen como base miles de kilómetros de “fibra óptica” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- previstas en la reforma de Peña Nieto y concesionadas a los consorcios Altan y a Telecomm respectivamente, para ofrecer servicios mayoristas y de acceso a compañías de telefonía móvil y fija.

Sin embargo la red de fibra óptica más grande del país sigue estando en manos de América Móvil a través de Telmex y esto obliga a López Obrador a tomar una definición respecto de la empresa de Carlos Slim, sobre su condición de “agente preponderante” en el mercado y las sanciones que pesan sobre ella en el marco de competencia capitalista abierta en el 2013

¿López Obrador revertirá la “separación funcional” de Telmex?

Si bien la nueva administración apunta a respetar la autonomía del IFT (aunque poniendo a Ramiro Camacho Castillo como uno de los 7 comisionados que dirigen el Instituto) y el entorno creado por la reforma de EPN, sigue estando en el aire la actitud que tendrá frente a las exigencias de las la compañía de Carlos Slim y ante las presiones de AT&T, Televisa, etc.

Actualmente, el avance de la “separación funcional” se encuentra entorpecido mediante recursos jurídicos a los que recurrieron Telmex y el STRM, pero la fecha en la que esta medida tiene que ser acatada solo fue recorrida por el IFT hasta el 31 de enero del 2020. En estos 10 meses la empresa y el sindicato apuestan a que sus amparos legales sean atraídos por la Suprema Corte, quien finalmente puede fallar a favor de la “separación” o de que Telmex continúe como una sola entidad y acceda al triple play (telefonía, internet y tv. por cable).

Existe la posibilidad de que el gobierno, a través de una Suprema Corte más acorde a su proyecto de gobierno -con la designación de Arturo Saldívar como nuevo presidente-, cancele la división de Telmex y le permita entrar al mercado de la televisión por cable, ganado con ello dos aliados poderosos a su proyecto: la familia Slim y el STRM (un sindicato muy ligado a los intereses del patrón y multimillonario Carlos Slim a través de su Secretario General).

Pero esta decisión le abriría al gobierno una crisis similar a la de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), con críticas de los sectores burgueses mexicanos más ligados al capital transnacional y sus partidos (PRI, PAN y PRD); de la OCDE y de capitales poderosos como el de la norteamericana AT&T. Crisis de la que podría salir avante haciendo uso de la Red Compartida y la Red Troncal para satisfacer la exigencia de las compañías entrantes, de tener acceso a las redes ya existentes y comercializar sus servicios en el país, dejando a la red de Telmex intacta pero estando sujeta a otorgar servicios de “interconexión” a cambio del triple play.

La reciente concesión otorgada por el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum a Telmex para desarrollar los proyectos “Ciudad Segura” y “Ciudad Digital”, y el último acercamiento entre AMLO y Slim donde se comprometieron a “colaborar”, apuntan a una regulación en el sector más favorable para Telmex y las demás compañías del consorcio América Móvil.

A pesar de lo anterior, no se puede descartar que el gobierno de AMLO ceda ante la fuerte presión de organismos financieros internacionales y de empresas y partidos interesados en que la “separación funcional” de Telmex se lleve a cabo, tratando de evitar una crisis como la del NAICM si decidiera cancelar la división. Escenario que si bien tendría el visto bueno de todos estos sectores políticos y económicos nacionales e internacionales, generaría un desencanto de la base del STRM hacia la figura de López Obrador y ocasionaría una relación áspera con el mayor capitalista del país y de América Latina, quien además del triple play, se beneficiaría con la división del sindicato; a menos de que sea capaz de “compensarlos” si aceptan la división.

La última palabra la tienen los trabajadores

Mientras las posibilidades se barajan en “las alturas” entre magnates, funcionarios y dirigentes sindicales, la base trabajadora de Telmex continúa soportando las consecuencias de la competencia monopolista y de las decisiones de su patrón, quien como medida de defensa ante los efectos de la reforma, redujo su inversión y forzó –con ayuda de la dirección sindical- a los telefonistas a producir más con menos, es decir, con mayor sobre explotación.

Ante esto, la dirección del STRM ha implementado una estrategia esencialmente legalista e institucional para defenderse de los efectos más nocivos de la reforma, y así tratar de aplazar la separación de la compañía. De ahí que el “emplazamiento a huelga” que mantiene contra la empresa desde el 2017 sea usado solo como una maniobra legal que impide al patrón separar los activos, o que la interposición de amparos y su resolución en los tribunales constituya el eje primordial de su acción.

Pero como se ha visto en las últimas décadas, el terreno de las leyes e instituciones no es donde los trabajadores y las trabajadoras han encontrado protección o conquistado demandas importantes, pues fueron creadas para estar al servicio de los patrones. Y no puede ser de otra forma si no se comprende que las instituciones y el gobierno no son entes “neutrales” entre las disputas sociales, sino que por su naturaleza de clase están sujetos a esas presiones y en última instancia se cargan hacia el lado más fuerte.

El problema de apostar todo al terreno legal deja de lado la necesidad de dar la pelea en terreno político mediante la movilización, que es donde en realidad actúan los antagonismos sociales y se decide el destino de un conflicto, razón por la cual muchas luchas han sido derrotadas por la política desmovilizadora y conciliadora de sus direcciones (IMSS, SME, Mexicana de Aviación, etc.)

Pese a que ha llegado al poder un gobierno que se reivindica “del pueblo” y promete “transformaciones” profundas en favor de los que menos tienen -pero que al mismo tiempo ha instalado a su lado a un “Consejo Asesor Empresarial”-, los sindicatos necesitan preservar su sana independencia política frente a él, movilizándose para exigir solución a las demandas más sentidas de las bases. Por eso la política de la dirección del STRM desarma a sus afiliados en la lucha por dichas demandas.

Las declaraciones que AMLO ha hecho contra los obreros de Matamoros (diciendo que las huelgas alejan las inversiones) o contra el magisterio de la CNTE, en las que la “4ª Transformación” antepone los intereses de las transnacionales y de la OCDE, son rasgos poco “antineoliberales” a tomar muy en cuenta.

Por lo anterior, para garantizar que la separación de Telmex sea cancelada y que los derechos de los telefonistas permanezcan verdaderamente intactos, el STRM necesita dejar atrás la vía defensiva enfocada en las maniobras jurídicas y la confianza institucional. Solo luchando en el terreno político y haciendo uso de armas poderosas como el paro y la huelga, como lo están demostrando luchas muy combativas en el país, es como la base telefonista puede torcer el brazo del IFT y de Slim en cualquiera de los dos escenarios, con o sin separación, y defender sus conquistas hasta el final.







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