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Ley Aragonès: el Govern de la Generalitat impulsa la privatización y la precariedad

La Ley Aragonès que está pendiente de tramitación en el Paralment de Catalunya supondrá la externalización de grandes sectores de los servicios públicos y una gran profundización de la precariedad laboral.

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Jueves 20 de junio | 17:37

Esta semana el Govern de la Generalitat de Catalunya presentaba en el Parlament el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones para dar comienzo a su tramitación parlamentaria.

Este proyecto del Govern de Quim Torra, más conocido como la Ley Aragonès, es impulsado por ERC y el vice president y conseller d’Economia Pere Aragonés. Tendrá como objetivo la regularización de los servicios básicos sociales y de atención a las personas y se pretende que sea aprobada después de las vacaciones de verano.

Sin embargo, tras el discurso "social" del propio Aragonès de que "con la regularización se garantizará que el precio no sea el principal criterio para adjudicar la contratación de los servicios y se le de más peso a la calidad. Incorporando clausulas que faciliten el control por parte de la administración" se esconde un verdadero plan neoliberal de privatización a gran escala de los servicios públicos en los ámbitos de la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Y es que la Ley Aragonès que facilitará, aun más si cabe, la externalización de lo público a manos de grandes empresas privadas, va mucho más allá. Tras la supuesta "regularización", lo que se pretende es sentar las bases para la privatización de un sinfín de servicios que aun son de gestión pública.

Como denuncia la CUP en este vídeo, entre los diferentes servicios que se verán afectados por la Ley Aragonès se encuentran algunos del sector de la educación como preescolar, educación especial, tutoría o comedor escolar; además de pediatría, ginecología, cirugía o personal médico en el sector de la sanidad y los servicios sociales hacia la gente mayor, la infancia y los jóvenes o la diversidad funcional y los cuidados.

Todo ello, sin duda, además de seguir repercutiendo al alza en los beneficios de las grandes empresas privadas que se lucran de forma exponencial con la externalización de gran cantidad de servicios, generará una nueva profundización de la precariedad laboral en unos sectores que vienen de sufrir los mayores recortes presupuestarios durante los años más agudos de la crisis económica.

Subrogaciones, recortes de plantilla o despidos en el peor de los casos, además de bajadas de salarios y condiciones laborales y contrataciones a tiempo parcial serán los principales efectos de una agudización de la ultra-precariedad tras una ley que pretende aprobarse bajo un manto "social" y por lo "bajini".

Una ley a la que ya le han dado apoyo el conjunto de los grupos parlamentarios de Catalunya, pese a su marcado carácter neo-liberal, a excepción de la propia CUP.

Por su parte, Catalunya en Comú tampoco viene poniendo trabas a la Ley Aragonès, siguiendo fil per randa la política del gobierno municipal de la capital catalana durante los últimos cuatro años en los que el Ayuntamiento de Barcelona en Comú, con Ada Colau a la cabeza, no solo se ha opuesto a la remunicipalización de los servicios sociales, tal y como mantenía en su programa electoral de 2015, sino que además renovó la licencia a Accent Social (Clece), propiedad de Florentino Pérez, para la externalización de los servicios de ayuda a domicilio hacia la gente mayor.

Con esta ley, el Govern de la Generalitat, es decir el PDeCAT y ERC, vuelve a las "andadas" tras cinco años en los que el procés ha servido como cortina de humo para que los recortes y el austericidio durante los peores años de la crisis no les pasara factura electoralmente, toda vez que ha quedado meridianamente claro que el Govern jamás ha querido llevar a cabo el mandato popular surgido del referéndum del 1-O y mucho menos declarar una república catalana efectiva.

Y si bien, el juicio a los líderes soberanistas, entre los que se encuentran el ex vice president Oriol Junqueras, junto a otros ex consellers, es la cúspide de la ofensiva reaccionaria que está llevando a cabo el Régimen del 78 contra el movimiento independentista y las aspiraciones democráticas al derecho a decidir de millones de catalanes, los dirigentes procesistas están mostrando nuevamente su verdadero rostro neoliberal con una Ley que, como decimos, prevé agudizar la precariedad laboral para miles de personas.

Desde hace semanas, diferentes sectores sociales, sindicales y políticos vienen alertando de los efectos nefastos que supondrá la aprobación del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, haciendo un llamamiento a la organización para evitar la Ley Aragonès, a la cual desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) nos sumamos con nuestra mayor energía.

No obstante, la única forma para conseguir parar este ataque que se avecina, es a través de la movilización social en las calles. Levantando un plan de lucha entre todos los sectores que imponga la internalización de los servicios públicos, sin ningún despido y bajo gestión de los propios trabajadores. Solo así, con medidas de este tipo, se podrá empezar a poner los cimientos para la recuperación de todo el sector público y para atacar consecuentemente el grave problema de la precariedad laboral.






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