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Red Internacional

TREN ELÉCTRICO DE GUADALAJARA.Línea 3 del tren ligero, ¿el transporte público al servicio de quién?

Recientemente se publicó una investigación periodística que devela una serie de irregularidades en el megaproyecto de la línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara. Las principales anomalías se originan en la entrega de contratos millonarios a familias influyentes.

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 15:21

Según los resultados publicados por el equipo de investigación conformado por Sonia Serrano, Rubén Martín, Omar García y Carlos Pinto, el costo general de la obra se ha elevado en un 92%, pasando de 17 mil millones a 32 mil millones de pesos. El sobrecosto se debe al mal manejo de las licitaciones pues éstas se asignaron de forma irregular.

La constante en este tipo de megaproyectos es la asignación de contratos a empresas cuyos directivos estaban ligados de alguna manera con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto o con alguno de sus colaboradores cercanos.

La investigación conjunta de los periodistas mencionados, publicada en NTR, mostró cómo la asignación de contratos de forma discrecional estuvo ligada a los casos de sobrecosto en la operación de los mismos. Por ejemplo, en el caso de la tuneladora que realizó el tramo bajo tierra de la Línea 3 superó sus costos de operación en un 32%.

El aumento del costo en el caso del tramo donde fue utilizada la tuneladora se debió a que las empresas que desarrollaron el proyecto no se ciñeron a los requerimientos establecidos en los planos del proyecto, excediendo en aproximadamente un metro el diámetro del túnel, está modificación elevó los costos en el armado de las dovelas de concreto pues estás también aumentaron su diámetro.

Así mismo, el atraso de dos años en la entrega del proyecto, las afectaciones a casas habitación y monumentos históricos e incluso la muerte de tres trabajadores durante la ejecución de la obra, son consecuencia de que el megaproyecto de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara está al servicio de las ganancias de un sector de empresarios que se favorecen de los sobrecostos de esta y otras obras públicas.

Las diferentes empresas que recibieron los contratos millonarios para desarrollar los distintos tramos del proyecto no realizaron de manera adecuada el trabajo asignado. Ya sea por falta de conocimiento, como en el caso de Grupo Prodi, el cual tenía apenas un par de años de ser constituida, o por mera negligencia, de todas aquellas que pusieron por delante las ganancias y que llegaron a aumentar los costos a partir de supuestos errores de ejecución que se tradujeron en incrementos de miles de millones de pesos.

La infraestructura al servicio de las familias trabajadoras

Obras de infraestructura como la Línea 3 del Tren Ligero son producto de las necesidades que tienen las grandes ciudades para resolver los problemas de movilidad, en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara son 1,600,000 pasajeros diarios los que utilizan el transporte público.

Lo que evidencia la investigación denominada “Los favoritos de Peña” es que, lejos de ser las familias trabajadoras las beneficiadas con esta y otras obras, es una cantidad ínfima de familias con alto poder económico y político las que se apropian, mediante artimañas, pactos secretos y estafas, de miles de millones de pesos a costa de la necesidad de movilidad de la gran mayoría de la población.

Esto mientras los usuarios resentimos los tarifazos, el mal servicio, el hacinamiento, los peligros de seguridad de un transporte que está al servicio de ensanchar las ganancias tanto de empresarios nacionales como extranjeros. Para cambiar esta situación hace falta que las y los trabajadores del transporte público junto con los usuarios, apoyándose en la asesoría de expertos solidarios en temas de movilidad, se encarguen de organizar un plan de reestructuración del transporte en el sentido de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras.

Esto se puede llevar a buen término si se lleva adelante un proceso de organización independiente de los trabajadores y usuarios que desemboque en la transformación del aparato gubernamental en su favor. Un gobierno al servicio de los trabajadores y demás desposeídos podría implementar un plan de movilidad urbana y suburbana basado en la municipalización del transporte y la consecuente expropiación del pulpo camionero además de la reordenación del transporte público bajo control de sus propios trabajadores y usuarios.

Para poner en marcha este plan es necesario que lo lleve adelante un organismo estatal especializado en infraestructura que no persiga la ganancia a costa de las necesidades primordiales de las familias trabajadoras. Por ello es condición necesaria que sean los trabajadores quienes mantengan la administración de dichos organismos.

Así, esta rama de la industria sería la encargada de la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar la movilidad de conjunto, pero también sería un apoyo fundamental para eliminar los altos costos del pasaje, mejorar el acceso a la educación, la salud, la vivienda y los espacios de recreación artísticos, culturales y deportivos.

Los comités de usuarios, trabajadores y expertos solidarios se encargarían de vigilar todos los procedimientos, siempre con el objetivo de cumplir las necesidades de las grandes mayorías.

Así,se evitaría pasar por encima de los intereses de las comunidades que en la gran mayoría de los casos se ven afectadas por el desarrollo de proyectos de esta magnitud.

Una empresa ciudadana de tal magnitud, encabezada por trabajadores y usuarios, requiere de la estatización del transporte público en su conjunto; ya que solo así se conseguirá resolver las problemáticas que trae consigo tanto la privatización de los servicios de movilidad, como los altos costos de obras y pasajes; además de corregir el mal servicio, el uso de unidades en malas condiciones y las pésimas condiciones laborales de los operadores.

Los fondos económicos deben de obtenerse de impuestos progresivos a las grandes fortunas y también de que el camino de la estatización comience con la expropiación sin indemnización de las empresas, operadoras y constructoras, que se enriquecieron ilícitamente con los megaproyectos que debían beneficiar fundamentalmente a la población.




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