Política

"UN CARTUCHO EN LA RECÁMARA"

Más poder de fuego: la Policía santafesina saldrá a la calle con el arma lista para disparar

La resolución fue instrumentada por Víctor Sarnaglia, el director de la fuerza. Habilita a todo el personal policial a llevar "un cartucho en la recámara", algo que prohibía una resolución de 1998. Puerta para el gatillo fácil.

Miércoles 15 de enero

La resolución emitida por el Jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, habilita a todo el personal de la Policía de Santa Fe a "poseer cartucho en recámara", algo que se encontraba prohibido por una resolución de 1998.

El argumento de Sarnaglia se basa en la decisión de "resguardar la seguridad de toda la población santafesina y de todo el personal policial actuante" ante la situación que atraviesa la provincia. En lo que va del año, ya son 17 los asesinatos en la provincia.

Frente a estos hechos, el ministro de Seguridad Marcelo Saín aseguró que la responsabilidad es de "grupos criminales que fueron aliados históricos de la alta jerarquía de la Policía" y destacó que se debe a "una suerte de terrorismo para finalizar el proceso de revisión entre las estructuras policiales y el crimen organizado y el narcotráfico". En la misma línea se inscriben las declaraciones del gobernador Omar Perotti, quien áseguró que lo que ocurre es una respuesta a la decisión de "tener una nueva Policía".

En este contexto, el flamante jefe de la Policía designado por Perotti dejó sin efecto la resolución que prohibía "la utilización de cartuchos en recámara salvo en casos en que la misma por razones de seguridad sea necesaria". Ahora, los policías podrán salir a la calle con sus armas listas para disparar.

Una cuestión de "derechos"

En una entrevista concedida al canal de televisión TN, Sarnaglia aseguró: "Nadie le está ordenando al personal que lleve un cartucho en la recámara. En realidad se está prohibiendo una decisión administrativa que era injusta. Un ciudadano que está llevando un arma tiene derecho a tener un cartucho en la recámara".

Esta decisión de Sarnaglia y su justificación abrió una polémica incluso en el propio gabinete. La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol, señaló que es "un retroceso" y que "la mano dura no sirve y no resuelve los problemas de la población".

A pesar de estas críticas y frente a los cuestionamientos que señalan que la decisión de Sarnaglia abre la puerta a más casos de violencia policial, el jefe de la fuerza justificó su resolución y sostuvo: "Las situaciones de gatillo fácil no se resuelven con medidas administrativas". Y completó: "Perotti tomó la decisión de que no haya connivencia entre los entes del Estado y la delincuencia. El gobernador lo denunció expresamente y hay una decisión de no tener permisividad hacia las organizaciones criminales".

Sin embargo, las "organizaciones criminales" a las que se refiere el jefe de la fuerza han actuado durante todos estos años con la complicidad de los altos mandos de la "narcopolicía" santafesina, un detalle que prefiere no mencionar. Pero eso no es todo, ya que la Policía santafesina ostenta otro récord criminal: desde hace años figura en el pelotón de las cinco provincias con mayor índice de gatillo fácil del país. Con la excusa de "resguardar la seguridad", a esa fuerza ahora se le habilita un mayor poder de fuego.

El envío de agentes federales

"No vamos a tolerar situaciones de violencia como las que estamos viviendo" declaró el gobernador Perotti y confirmó que Nación enviará cerca de 3.000 agentes federales. "Vamos a tener una coordinación de fuerzas federales, nacionales y locales a disposición del mejor resultado posible para los vecinos", recalcó.

Por su parte, el ministro Saín informó: "En pocas horas institucionalizamos una nueva dinámica entre actores de todo el arco político de la provincia. Y sin dilaciones, le dimos músculo a lo acordado al instrumentar un nuevo plan de acción con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación".

Sin embargo, no existe ningún ejemplo que demustre que con la saturación de efectivos en la provincia pueda haber alguna mejora.

Esto mismo es lo que denuncian los docentes nucleados en AMSAFE Rosario quienes señalan: “El camino no es más muerte y represión”. Rechazan de plano el desembarco de Gendarmería en la provincia como la resolución del nuevo jefe de la Policía santafesina.

En la misma sintonía opinó en medios radiales María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi): “El arma lista para disparar va sin seguro, y la primera consecuencia que se van a ver son más casos de gatillo fácil”, vaticinó.

La campaña para generar consenso por más mano dura focalizó su lupa en los barrios más pobres de la zona sur y oeste de Rosario, que son los chivos expiatorios predilectos de todas las campañas a favor de la mano dura estatal. También genera preocupación el desembarco de 2000 gendarmes y 700 efectivos de fuerzas federales para saturar Rosario y ciudad de Santa Fe.

No será la primera vez que esta fuerza actúe en momentos en los que la Policía está expuesta por la corrupción y la complicidad con las bandas criminales. El ministro de Seguridad Saín y su par Frederic, aunque tengan un discurso de terminar con la impunidad, siguen llevando adelante los mismos operativos de saturación que otrora llevara adelante Nilda Garré durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2010, mientras Garré estaba al frente del Ministerio de Seguridad, la presidenta por decreto ordenaba el plan Operativo Centinela, plan que llevó efectivos de la Prefectura Naval y la Gendarmería a todo el conurbano bonaerense. Al año siguiente, en julio de 2011, se ponía en marcha el Plan Unidad Cinturón Sur a través de otro decreto presidencial. El mismo, se basaba en la presencia de más de 9.000 gendarmes instalados en los barrios más humildes del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Los resultados mostraron la verdadera cara de esta política de represión. En 2013 y 2014 la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) pudo registrar 42 denuncias contra la Gendarmería Nacional por detenciones ilegítimas en las garitas. En el 86% por ciento de los casos, las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. Además, de acuerdo a relatos recabados, se supo que en ese período los gendarmes torturaron e incomunicaron, por lo menos, a 53 personas. Y cerca de 100 jóvenes fueron asesinados en todo el país por el gatillo fácil de esta fuerza de ocupación barrial.

En los anteriores desembarcos de Gendarmería en Rosario, desde el área jurídica de la Asamblea por la Niñez y la Juventud detallaban que los agentes federales "obligan a los chicos a bailar, a comerse los cigarrillos de marihuana o a cantar el himno. En algunos casos los golpean y les roban sus pertenencias". Las “mini razias”, señala, la sufren por lo general “los grupos de pibes humildes que transitan por la vía pública en barrios populares”.






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