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Red Internacional

El juicio por la Masacre de Napalpï, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia en Chaco, continuó esta semana con dos audiencias que se celebraron en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA). Investigadores de diferentes disciplinas dieron su testimonio abordando las fundamentaciones socio-económicas y políticas del genocidio indígena durante la consolidación del estado capitalista en Argentina, iniciadoen la segunda mitad del siglo XIX.

Viernes 13 de mayo | Edición del día
Foto: Daniel Dabove

Las audiencias quinta y sexta, realizadas en la ex ESMA con testimonios de investigadores de diferentes disciplinas, dieron cuenta de que esta masacre fue parte del plan de consolidación del estado capitalista en Argentina, sus consecuencias y la ligazón en el desarrollo internacional del capitalismo.

El martes 10 inició la ronda de testimonios Marcelo Daniel Musante, sociólogo, de la UBA e investigador del CONICET, quien abordó la función del “sistema de reducciones”, ya usados en Norteamérica, definiéndola como “condición de la masacre”, que incluyó un plan sistemático que involucra el silencio posterior y la negación de los acontecimientos por el aparato del estado, incluidas las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el sistema político-económico.

Con sus investigaciones Musante demostró “la mirada que se tenía del indígena” para incluirlo en las reducciones, lugar donde permanecían encerrados, ya que estar fuera de ellas significaba la persecución y la muerte. Rescató palabras con las que el Estado justifica la violencia contra quienes sobrevivieron a la masacre, llamándolos “elementos revoltosos”, “sublevados”, “inadaptables”. A su vez, hizo incapié en el rol que cumplía la mano de obra de los pueblos originarios para los intereses económicos empresariales en ese entonces.

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Durante su declaración, Marcelo Musante explicó la existencia de un "Reglamento para el Personal de las Reducciones de Indios" en el que las palabras “vigilar” y “vigilancia” aparecen 26 veces, en las 25 páginas que lo componían.
Musante aseguró: "Ninguna de las personas que entrevistamos y que estuvieron en las reducciones de Napalpí y Formosa conoció jamás el reglamento. Eran castigados pero no sabían por qué. Las condiciones a las que eran obligadas no las conocían por escrito". Musante definió como “paupérrimo” el estado sanitario de las comunidades en las reducciones y aseguró que los informes son contundentes. “Existen imágenes de las condiciones físicas. Les sacaban fotos desnudos que son inmostrables por la violencia".

Musante fue determinante en su testimonio, describiendo la actual situación de las comunidades originarias: "Las condiciones materiales de existencia de las poblaciones indígenas encuentran similitudes e/1924 y 2022 y el Estado no puede pretender una reconciliación, tiene que avanzar en políticas de reparación y reconocimiento”.

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Luego declaró Nicolás Iñigo Carreras, historiador e investigador del CONICET y del Instituto Ravignani de la UBA. Expuso el rol que el estado naciente determinó explícitamente para la inserción de las y los indígenas como “trabajadores, mano de obra barata y adaptado a la zona para la producción de maderas y la caña de azúcar”. Carreras mencionó estudios de la época destinados a cotejar si era conveniente la importación de trabajadores de India, Europa o utilizar la mano de obra de los pueblos originarios, expulsados de sus territorios y reducidos en asentamientos vigilados.

Esta semana también dieron su testimonio el historiador Mariano Nagy; la antropóloga, Silvina Turner; la documentalista e investigadora Valeria Mapelman; el antropólogo, Héctor Trinchero; la antropóloga Diana Lenton y Raúl Zaffaroni.

El ex integrante de la Corte Suprema manifestó: "Las consecuencias de estos crímenes masivos perduran en los hijos, perduran en los nietos y perduran en la memoria de todos aquellos que descienden de las víctimas". Pero lo cierto, es que siendo integrante de la máxima instancia judicial del país, no realizó ninguna crítica al poder del cual fue parte y dejó pasar casi un siglo para realizar este juicio de la verdad, que no traerá consecuencias para los responsables gracias a la impunidad que les fue garantizada, pero que gracias a la lucha de las comunidades tiene el mérito de exponer las investigaciones y las voces de familiares y sobrevivientes que fueron calladas durante décadas.

En su declaración, Mariano Nagy aseguró que "las reducciones indígenas eran un engranaje más que permitía extraer esos recursos y aprovechar esas fuerzas productivas". Los testimonios dan cuenta una vez más que esta como otras masacres contra los pueblos originarios, tenían como objetivo someter a las comunidades a la explotación laboral y disciplinarlos de acuerdo a los intereses del Estado, de los empresarios y los terratenientes.

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En este diario entrevistamos al cumplirse 92 años de la Masacre a Pablo Gramajo, escritor, poeta y militante indígena, quien describió como estos crímenes tienen que ver la esclavitud y explotación laboral: "Primero tenemos que entender que más allá de la abolición de la esclavitud en 1813, en 1924 sigue habiendo esclavos, después de casi 100 años. Y esos mismos esclavos son manejados por el propio Estado. La masacre de Napalpí tiene que ver con una cuestión laboral, porque esas reducciones eran concentraciones de aborígenes, como campos de concentración, donde se los asentaba, ya que iban a trabajar el algodón, y se les pagaba una moneda, por el trabajo que realizaba en las cosechas del algodón, los cañaverales, o tabaqueras".

Lo cierto es que pasaron casi cien años para que "la justicia" juzgue como crimen de lesa humanidad la masacre y en la actualidad los pueblos originarios siguen siendo desplazados de sus territorios, viviendo en condiciones de extrema pobreza perseguidos y criminalizados por todos los gobiernos que llevan adelante políticas por acción u omisión al servicio de la burguesía terrateniente.

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