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Red Internacional

Queremos Trabajo Digno.Nepotismo y hostigamiento en PILARES: precarización detrás de los programas sociales

La muerte por covid del mediador Néstor Ramírez Peña y la denuncia del hostigamiento laboral que le negó la vacuna a pesar de cumplir con el perfil, es apenas la punta del iceberg de los abusos e irregularidades en uno de los programas sociales más importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Nancy Cázares@nancynan.cazares

Sábado 24 de julio | 01:32

Las políticas neoliberales que arrasaron con el auge que experimentó el sector público hace cuarenta años se tradujeron en una reestructuración del trabajo que afectó gravemente a millones en el país. Modalidades de contratación como por honorarios, eventuales, subcontratados, capítulo 3000, nómina 1, nómina 8, Galeno Salud, profesores por asignatura, siguen en vigor a pesar de los discursos presidenciales antineoliberales y en contra del outsourcing.

Leer: Precarización y reestructuración del trabajo en el sector público

Según la Confederación Mundial de Empleadores (WEC), con un estimado de 2.9 millones de terciarizados, México es el cuarto país donde más trabajadores son orillados a laborar vía subcontratación, sólo después de Estados Unidos, China y Japón. Según datos de Compranet citados por La Jornada, de 2004 a 2018, se cuadruplicó la cifra de subcontrato en nuestro país.

El gobierno federal encabeza la lista de quienes se aprovecharon de esta modalidad y, hacia 2020, sumaban 3 mil los convenios gubernamentales con firmas privadas que implican subcontrato, a pesar de que apenas 66 de ellos lo registran abiertamente de esa manera. Empleados de limpieza, financieros y médicos son algunas de las plazas adquiridas por el servicio público por medio de terciarización.

Según el INEGI, la mitad de los trabajadores en servicios financieros de la CDMX laboran bajo este esquema. 86% de quienes laboran en la industria de generación y distribución de electricidad, agua y gas —servicios completamente esenciales— también están subcontratados. Empleados en medios masivos de comunicación, construcción, comercio mayorista, minería y servicios de esparcimiento tienen más de la tercera parte de su plantilla laboral bajo algún modelo de outsourcing.

A pesar de los discursos que anuncian recuperación de empleos, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la capital prevalece un déficit de más de 220 mil trabajos perdidos producto de la pandemia. Mientras tanto, a nivel nacional la cifra asciende a 2.3 millones de personas sin empleo, según cifras del INEGI con corte a junio de 2021 [1].

En la Ciudad de México, según el INEGI, el subcontrato creció de manera exponencial durante los últimos diez años. Entre 2008 y 2018, el número de personas trabajando bajo esta modalidad creció un 73% y, en la capital, representa una cuarta parte de su fuerza laboral.

Los programas sociales son actualmente un ejemplo de cómo los gobiernos implementan una parte importante de su agenda por medio de la subcontratación. Pilares es uno de los más importantes de la administración de Claudia Sheinbaum por su extensión territorial —los cientos de centros Pilares se encuentran en las 16 alcaldías—y la gran cantidad de recursos que se destinan a él (más de 2 mil millones de pesos). Con la promesa de crear miles de empleos, incorporó bajo la figura de “becarios” a miles de trabajadores que reciben “apoyos económicos”; más no sueldos. Éstos han tenido que enfrentar condiciones laborales adversas, mismas que se agravaron producto de la pandemia.

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La muerte por covid de Néstor Ramírez, trabajador de Pilares, puso de relieve no sólo la indolencia por parte de las autoridades para con sus trabajadores, sino también el carácter estructural de estos abusos. Irónicamente, la UNESCO otorgó un reconocimiento al Programa PILARES en enero de este año “por la implementación de estrategias tendentes a garantizar el acceso a los derechos humanos”.

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A continuación, reproducimos una denuncia que nos hace llegar a La Izquierda Diario México una trabajadora de Pilares:

A la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo
A la Secretaria de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez
A los funcionarios públicos que creen y trabajan por un gobierno honesto
A las personas beneficiarias del programa PILARES
A las personas que habitan en la Ciudad de México

Hace 2 años 6 meses me invitaron a trabajar en el programa PILARES. Me incorporé a las filas de personas dedicadas al servicio público que se unieron para comenzar un proceso de transformación necesario y urgente en todas las escalas y ámbitos. En particular, desde hace años me he dedicado al trabajo educativo en los barrios, colonias y pueblos más pobres de la CDMX, fue en este eje al que me invitaron a trabajar.

Esta oportunidad surge en el marco de haber elaborado gratuitamente 2 años de manera consecutiva las estadísticas semanales de un programa que se llamó Ciberescuelas Tlalpan, cuyo eje fundamental era erradicar la exclusión educativa de jóvenes de entre 15-29 años. Durante este tiempo, también fungí como beneficiaria docente del programa Ciberescuelas dando asesorías en distintas regiones de la alcaldía, por desempeñar estas funciones recibí una beca de $8000.00 mensuales. A través de este proyecto comencé a desarrollar estrategias de intervención educativa para procesos educativos no formales. En octubre de 2017 fui convocada, junto a otras personas, para construir un proyecto que se llamaba CECIS y más tarde se llamaría PILARES.

Tras 2 años de trabajo, he observado prácticas que deseo poner de manifiesto en esta comunicación, con la intención de que sean visibilizadas y erradicadas para que el programa pueda operar y beneficiar a las personas y comunidades para las que están pensados:

1. Amiguismo y nepotismo: En el programa abunda considerablemente la contratación de hermanos, familiares directos y políticos, así como parejas sentimentales de personas al servicio público del programa así cómo de otras instancias o de la incorporación como beneficiarios en el mismo
Los casos de los que se tiene conocimiento son

2. Machismo: En el programa las mujeres no son escuchadas y no se representan sus voces. Se han desestimado denuncias de acoso de parte del personal de estructura hacia beneficiarias del programa así cómo de directores hacia el personal de honorarios. Las subdirectoras pocas veces tenemos incidencia en decisiones y cualquier propuesta siempre se opera con figuras masculinas. En varias ocasiones con otras compañeras Subdirectoras intercambiamos estas apreciaciones.

Asimismo, cabe mencionar que el programa de autonomía económica para las mujeres fue coordinado por primera vez por un hombre que fue acusado mediante los correos institucionales el 30 de septiembre del 2020 por formar un “clan de mujeres” y nunca se emprendieron acciones de investigación. Actualmente se modificó el objetivo de priorizar la atención a mujeres por decisión del CGIEI porque “hay muchas mujeres y casi no hombres” esta instrucción fue dada de manera informal para promoverse en el desarrollo de las actividades.

3. Falta de claridad de las acciones que se deben realizar en el programa y de los puestos que cada uno desempeña. En la CGIEI las actividades de mayor relevancia son realizadas por las personas amigas del Coordinador General de Inclusión Educativa e Innovación y no por contratación.

Una parte del personal de honorarios sólo responde a instrucciones que el coordinador solicita, aun cuando dependen de otras áreas, lo que genera un escenario de simulación de quienes ocupamos los cargos de estructura. Además, las personas que colaboran por contratos de honorarios se asignan por preferencia que se tengan a los titulares de área y no de manera equitativa para garantizar el buen funcionamiento del programa. Hay áreas que operan sólo con los titulares de área estrategia que hemos identificado que se implementa con quienes se intenta quebrar para que renuncien.

Los beneficiarios facilitadores de servicio son enviados a realizar cualquier actividad sin importar las responsabilidades educativas.

4. Falta de acciones y cumplimiento de horarios de trabajo de personal de honorarios, así como de miembros de estructura por la relación directa con el coordinador.

En las oficinas es constante que personal que tiene una relación de amistad y política con el coordinador no cumpla con los horarios de trabajo.

Como es el caso de Carolina Isabel Sánchez, esposa de Sergio López Montesinos, Subsecretario de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México y María del Carmen Isabel Benlliure Bilbao, hermana del Director del Instituto de planeación en la Ciudad de México, Pablo Tomás Benlliure Bilbao, quienes antes de la pandemia no se presentaban a oficinas salvo a algunas actividades asignadas.

En el caso de Eugenia Gisela Salazar Lomelí, ella no tiene horarios de trabajo asignados mencionando que puede hacer lo que quiera por ser “Amiga de Sam”. En reiteradas ocasiones ha amenazado constantemente con que yo salga del programa y que mi contratación sólo representa una pantalla para que ella pudiera ser la Subdirectora, cuestión que ha declarado que yo pacté en tanto ella está pensionada. Salazar Lomelí ha construido una estructura alterna al que llama “equipo de formación” y ha implementado programas formativos que no son útiles en la práctica. En múltiples ocasiones se le ha señalado la necesidad de mejorar y siempre amenaza a quienes se le oponen o manifiestan las deficiencias. Estas acciones han deslegitimado cualquier otro intento de propuesta que pudiera realizarse. Hay otras personas contratadas por honorarios que antes de la pandemia casi nunca se presentaron a trabajar en oficinas o en los PILARES argumentando que eran especialistas los cuales realizaron productos que sólo conoce Eugenia Gisela Salazar Lomelí

5. Trato poco ético hacia figuras de mandos operativos como son los Líderes Coordinadores de Proyectos Operativos (LCPO)

Es común escuchar entre estas 250 figuras que en algunas regiones las cargas de trabajo son proporcionales según la cercanía que se tenga con el Subdirector Regional correspondiente. Constantemente estas figuras se han acercado al Coordinador y Subdirectoras mujeres para exponer abusos,hostigamiento laboral, arbitrariedades y acosos sexuales;el Coordinador ha minimizado y sido consecuente con estos comportamientos. Insto a que cada compañero y compañera realice los pronunciamientos y denuncias pertinentes para poder transformar las estructuras laborales.

En este punto quiero mencionar que Néstor Ramirez Peña, quien fungía como LCPO de la zona Sur fue hostigado laboralmente por su superior jerárquico, Ricardo Venegas Hernández, quien de manera arbitraria decidió en el mes de Abril “no permitir que se vacunaran Jorge y Néstor por que resultaban posiciones incómodas”. Cuando compañeras de trabajo quisieron avisarles para que asistieran a la vacunación, Venegas Hernández amenazó con impedir sus ingresos a la sede donde esto sucedería. A Néstor, quien perdió la vida a causa de COVID-19, se le robó la esperanza por parte de un servidor público que realizó vacunaciones selectivas por venganza política y laboral y quien hoy continúa amedrentando y violentando a quienes decidieron denunciar los hechos.

El objetivo de enunciar estas prácticas es que de manera urgente se puedan corregir los problemas de operación que están abriendo las puertas a la falta de resultados en la transformación educativa de la Ciudad de México. Puedo documentar que, de no actuar de manera inmediata, los escenarios de acreditación en alguna modalidad educativa son muy pocos. Afirmó que el programa PILARES no cumplirá con sus objetivos educativos de seguir estas prácticas en el servicio público.

También denunció que el invitar a jóvenes a ocupar cargos públicos hasta ahora ha sido una simulación para que guardemos silencio y no emprendamos acciones contra los que deciden y cometen arbitrariedades que ponen en riesgo la vida de compañero e incluso ya hay una conclusión fatal con la muerte de Néstor Ramírez Peña. Ser la mujer más joven del programa ha sido usado en mi contra y se ha intentado relacionar mi edad con mi falta de experiencia, mi formación académica aún cuando es similar a la de mis pares es usado para descalificarme y se han inventado toda clase de afirmaciones machistas sobre cómo fue que llegué a colaborar al programa. Incluso en el marco del día de la mujer del 2019, mi carro fue rayado afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación ya que abiertamente he defendido la legitimidad de las movilizaciones feministas en la ciudad.

Considero que invitarme a trabajar en un cargo de tal responsabilidad implica mi honestidad de por medio, por lo tanto, solicito a las instancias responsables que a cada uno de estas acciones denunciadas se emprenden las acciones correctivas o de investigación en aras de construir un gobierno honesto, diferente y acorde a la transformación política que merecemos las personas que habitamos en esta ciudad. Reitero que un programa social con carácter público debe siempre ser honesto, transparente y para la gente sin distinciones por relaciones familiares u de otra naturaleza.

Como activista hago del conocimiento a la opinión pública que cualquier acoso, violencia o amedrentamiento a mi persona, amigos, compañeros de trabajo o a mi familia, hago responsable principalmente a Jacinto Samuel Salinas Álvarez, Eugenia Gisela Salazar Lomelí, Ricardo Venegas Hernández y Mauricio Vargas Maldonado, además de a todos aquellos que legitiman las relaciones deshonestas y de poder en las estructuras de gobierno. Mientras tanto, seguiré denunciando mediante los mecanismos institucionales y llamo a los compañeros para que denuncien todas aquellas anomalías que se han cometido.

Atentamente
María de Jesús Vergara Alba

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[1Las cifras tampoco son alentadoras en materia de empleo formal, pues según la STPS, sólo la Ciudad de México perdió empleos asegurados al IMSS durante febrero de 2021 y, durante los primeros meses del año, fue de las cinco entidades que, a nivel nacional, registró bajas en ese sentido.





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