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Red Internacional

Según datos de Artículo 19, en 2020, de 692 agresores documentados de periodistas, 343 eran funcionarios públicos. Los asesinatos de Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Esquivel son los últimos de una lista que parece no tener fin.

Bárbara FunesMéxico D.F | @BrbaraFunes3

Martes 25 de enero | 00:24

Cunde la indignación y el hartazgo ante la creciente violencia contra trabajadoras y trabajadores de prensa, como lo demuestra la convocatoria a la movilización nacional por justicia para Lourdes Maldonado y todos las y los periodistas caídos en ejercicio de sus labores para este martes 25 de enero, que tendrá lugar con manifestaciones virtual y presenciales en todo México.

Las y los trabajadores de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que llevan más de 700 días en huelga por sus derechos laborales, violentados por la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, ejecutora de los planes del gobierno, también alzaron su voz ante la grave situación que enfrentan las y los trabajadores de prensa.

Cuando una periodista o un periodista investigan los nexos de altos funcionarios civiles o uniformados con el crimen organizado, o sacan a la luz algún entramado de corrupción, las armas apuntan hacia ellas y ellos. Como pasó con Javier Valdez, periodista sinaloense, con Miroslava Breach, originaria de Chihuahua, Regina Martínez, de Veracruz, y también con Lourdes Maldonado y tantos otros. Empiezan las amenazas, el hostigamiento y en los casos más extremos, les arrebatan la vida.

Está claro que no es un problema que surgió durante el gobierno de López Obrador. La escalada de violencia viene desde la administración de Peña Nieto y fue en especial dura en los estados gobernados por el PRI, como en Chihuahua, en Veracruz y en Sinaloa.

Pero con la llegada a Palacio Nacional del Morena y su avance en las gubernaturas el panorama no mejoró, más bien al contrario. Tres trabajadores de prensa asesinados en la última semana dan cuenta de eso. Y entrelazada con la violencia, desde los gobiernos priistas hasta ahora se han ido horadando las condiciones de trabajo en los medios de comunicación, como lo demuestra la huelga de Notimex o antes, una huelga en La Jornada.

¿Por qué falla el sistema de protección a reporteros?

Mucho se escribe sobre las fallas en el sistema de protección a reporteros, encuadrada como una medida del gobierno federal, que según la letra oficial afirma: “Es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”.

En este mecanismo toman parte la Secretaría de Exteriores, la de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se estima que resguarda a unas 1,300 personas, entre defensores de derechos humanos y periodistas. Lourdes Maldonado era una de ellas, y alrededor de su casa la policía realizaba “rondines de seguridad”.

Itzia Miravete, coordinadora de Prevención de Artículo 19 declaró a El País: “No solo se necesita dinero, ni refugios, ni chalecos antibalas o carros blindados. Lo que se precisa es que se investigue y se detenga a los agresores, porque de lo contrario lo único que se consigue es que se desplace a los periodistas y se silencie su trabajo, que es lo que persiguen los criminales”.

La turbia relación entre altos funcionarios y el crimen organizado es la pieza clave en este reaccionario fenómeno que busca silenciar a las y los periodistas críticos, que no se someten a los dictados de los directores de los grandes medios del poder.

Sólo en 2020, de acuerdo con una investigación de Artículo 19, hubo 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos y de ellos, en 188 casos eran desde diputados y presidentes municipales hasta regidores y personal de comunicación social; 144 eran policías y 11, militares.

¿Qué protección puede venir de parte de los cuerpos represivos del Estado, adiestrados para reprimir la protesta social, proteger la propiedad privada de los poderosos y aliados con el crimen organizado, como se evidenció con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Desde los medios alineados con la derecha, como El Financiero o El País, por ejemplo, se esgrime como un grave problema la supresión de los fideicomisos que garantizaban recursos para la protección de periodistas en riesgo. Pero si justo son altos funcionarios los responsables de muchas de las agresiones, de ahí no puede venir la protección.

Enfrentar la violencia contra periodistas con la fuerza de la clase trabajadora

Quienes impulsamos el proyecto de periodismo militante de la Izquierda Diario consideramos que es muy importante que las y los trabajadores de SutNotimex, que se mantienen en huelga, tomen esta lucha como parte de sus reivindicaciones. Que convoquen a que la iniciativa de la movilización de este 25 de enero cuente con el respaldo activo de los sindicatos que se reclaman democráticos, como los agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que impulsen la solidaridad masiva con las y los trabajadores de prensa, y por la exigencia de juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales todos los crímenes y agresiones contra los periodistas.

Son las y los trabajadores de prensa organizados desde las bases, en forma democrática, con el apoyo de trabajadores de todos los sectores, quienes pueden garantizar su propia seguridad, manteniendo la exigencia de que el Estado dé los recursos necesarios para la protección.

Al mismo tiempo, no se puede esperar justicia de las instituciones que son cómplices de múltiples agresiones contra las y los trabajadores, por eso hace falta impulsar Comisiones de Investigación Independientes del Estado, conformadas por trabajadoras y trabajadores de prensa y organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos, que por medio de la movilización combativa e independiente del gobierno y de todos los partidos del Congreso, exijan al Estado la apertura de todas las carpetas de investigación y su libre acceso para familiares de víctimas, así como todos los recursos materiales, financieros y políticos necesarios para realizar las investigaciones.




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