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Red Internacional

Los ecos de la masacre de San Fernando vuelven a soplar en Tamaulipas, uno de los estados más golpeados por la disputa entre carteles del narcotráfico en donde la policía y el Ejército actúan en permanente complicidad. Esta ocasión se trata de 19 personas de origen guatemalteco asesinados en Camargo.

Lunes 25 de enero | 16:01

Mientras la tercera caravana de migrantes centroamericanos ha sido nuevamente desarticulada por medio de la represión del Estado de Guatemala, esta nueva masacre se suma a la cadena de vejaciones de la que son objeto miles de migrantes que cada año deciden dejar sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida.

La Fiscalía General de Tamaulipas indicó en un comunicado que el hallazgo se dio la tarde del pasado viernes en una región remota del municipio de Camargo, cerca del poblado de Santa Anita donde se encontraron dos vehículos incendiado; en uno de ellos se encontraron los cuerpos de 19 personas.

Se sabe que hace dos años en este lugar, el Ejército encontró 21 cuerpos, de los cuales 15 estaban calcinados.

Según las primeras investigaciones de las autoridades y testigos de la zona –de acuerdo con la agencia EFE – se presume que se trata de un grupo de guatemaltecos. "De las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego", informó la Fiscalía General.

Ya que en el lugar no fueron encontrados casquillos de las balas usadas en el crimen, las autoridades sospechan que los cadáveres y los vehículos fueron abandonados en ese lugar. Según testimonios recabados por EFE, el viernes por la tarde un comando del Cartel del Noreste (CDN) incursionó en la región para buscar a un jefe del grupo rival, el Cartel del Golfo (CDG). Después de un enfrentamiento, los sicarios del CDN localizaron a 19 personas y las asesinaron; luego abandonaron los cuerpos en el lugar donde fueron hallados por la policía.

Desde la gestión de Felipe Calderón, Tamaulipas ha sido una de las entidades más castigadas por la violencia de grupos del narcotráfico y el aumento de la militarización del país, donde los migrantes son blanco del tráfico de personas, trabajo forzado y de terminar en fosas clandestinas.

Así, el CDG y el CDN mantienen una disputa por el control de los estados del noreste del país desde marzo del 2010, año en el que se da la Masacre de San Fernando a manos del grupo de Los Zetas, donde 72 migrantes centroamericanos (58 hombres y 14 mujeres) fueron asesinados. Esta disputa que actúa en complicidad con las autoridades y la policía ha dejado miles de muertos y más de 15 mil desaparecidos.

A pesar de que México ha sido escenario de diversos asesinatos masivos contra migrantes, en la actualidad no existe ningún compromiso por parte del gobierno mexicano o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la integridad y el respeto de los derechos humanos de miles de migrantes. Pero sí existe la cooperación entre los gobiernos de Centroamérica y López Obrador para actuar en conjunto y detener las caravanas migrantes; para deportarlos a sus países de origen, para militarizar aún más las fronteras destinando mayor presupuesto a la Guardia Nacional.

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La exigencia por el cese de este tipo de masacres debe ser abrazada por las organizaciones sociales y de izquierda, repudiando toda práctica de xenofobia y racismo contra nuestros hermanos migrantes, exigiendo plenos derechos y la garantía del libre tránsito para que miles de mujeres hombres y niños no terminen en fosas clandestinas. Esto debe buscar articularse con los sectores que en Tamaulipas se han levantado a exigir mejores derechos y condiciones de vida, como hoy lo hacen cientos de trabajadores de las empresas maquiladoras, quienes viven día a día las condiciones que ha dejado la violencia del narcotráfico, del Ejército y la policía.




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