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Red Internacional

El pasado 13 de diciembre, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), denunció en un comunicado la “complicidad del gobierno actual con el proyecto minero” a pesar de que el presidente López Obrador mencionó que no habría nuevas concesiones mineras durante su administración.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Jueves 13 de enero | 00:05

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó a través del manual de divulgación “La manifestación de impacto ambiental regional” (presentado en diciembre de 2021) que entre 2019 y 2021 aprobó 29 proyectos mineros. Anteriormente, en la conferencia matutina del 19 de mayo dijo que en el sector minero había 503 proyectos en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en desarrollo, 523 detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron.

Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se modificó el artículo 27 constitucional en 1992, abriendo el paso a la entrega de concesiones a las grandes compañías mineras, nacionales o extranjeras.

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Según información de la Semarnat, actualmente hay 20 mil 71 concesiones mineras vigentes en México, 12 % del territorio nacional, es decir 21 millones de hectáreas, se encuentra concesionado a empresas mineras, en su mayoría extranjeras de origen canadiense (74 %).

Ante esta situación la Rema cuestiona “¿De qué sirve limitar el número de concesiones si los proyectos mineros devastan el territorio y siguen avanzando en las fases de exploración y operación?, denunciando que el gobierno “facilita la inversión extranjera y deja en impunidad estos grandes daños” derivados de la actividad minera, al mismo tiempo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) continúa entregando permisos para la extracción de ingentes cantidades de agua, lo que no sólo devasta los mantos acuíferos, sino que también permite que las mineras los contaminen con metales que dañan gravemente los ecosistemas (flora y fauna) y la salud humana.

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No sólo no basta con suspender las concesiones mineras mientras se avalan las ya existentes, la denuncia contra el gobierno es porque además miente, ya que a pesar de las declaraciones de López Obrador en agosto de 2019, de que no habría nuevas concesiones para la explotación minera, tan sólo durante los primeros cinco meses de 2021 fueron autorizados 36 proyectos de exploración minera en entidades con alto grado de estrés hídrico, como: Zacatecas, Durango, Coahuila, Sonora, Nayarit y Guanajuato; además de 28 proyectos de extracción de minerales en Zacatecas, Durango, Coahuila, Sonora, Estado de México y Nuevo León, sin mencionar los proyectos de extracción de materiales pétreos.

De 58 conflictos mineros que existen en el país, no únicamente de empresas extranjeras, 29 involucran a empresas de Canadá.

De acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), de la Secretaría de Economía, en México hay un total de 242 empresas con proyectos mineros en el país, de los cuales, 160 corresponden a mineras canadienses, mismas que encabezan el historial de abusos en comunidades mexicanas por despojo de tierras, violaciones a los derechos de sus trabajadores, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades y asesinatos de trabajadores que continúan impunes. México es el primer país de América Latina en conflictos derivados de la minería, seguido por Chile y Perú.

La industria minera es también la que más acapara agua

Esto, en relación a las concesiones que le ha otorgado Conagua, según datos dados a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México, al año la industria minera acapara 250 mil millones de litros de agua, principalmente en los estados del norte afectados por la sequía, como Sonora, Durango, Zacatecas y Colima.

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Estas muestras de las autoridades gubernamentales y de las grandes empresas contra la población trabajadora, que somos quienes padecemos continuamente el saqueo y la devastación de los recursos naturales, nos dejan ver que sólo nosotros somos quienes podemos poner un freno contra los megaproyectos y las concesiones a las grandes empresas, así como asegurar la correcta administración de la infraestructura hidraúlica, para evitar que ocurran tragedias, como la vivida en Tula, Hidalgo entre la noche y madrugada de los pasados 6 y 7 de septiembre, con la inundación de la ciudad provocada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), organismos que operan el sistema de drenaje del Valle de México.

Este modelo extractivista que devasta el medio ambiente es el mismo que mantiene a las y los trabajadores en condiciones de precariedad, que al mismo tiempo sufren la contaminación del agua y la tierra cuando viven cerca de zonas mineras, lo que afecta su salud y bienestar y el de sus familias.

Este daño no se ve reflejado en sus salarios ni en infraestructura para la comunidad, sino que las ganancias que generan las mineras trasnacionales se van a las casas matrices. Contra el modelo extractivista es necesaria la renacionalización de los yacimientos bajo control de sus trabajadores, y un plan de explotación racional de los recursos mineros, orientado a minimizar el impacto ambiental y que los recursos obtenidos se destinen a financiar necesidades sociales, como salud, vivienda, educación e infraestructura segura en zonas sísmicas y/o inundables.




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