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Red Internacional

Movimiento estudiantil. Perú Libre y la ultra derecha aprueban ley que beneficia a universidades privadas que lucran con la educación

Las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular y Acción Popular aprobaron hace poco una ley que beneficia a los empresarios de las universidades privadas que no fueron licenciadas. Esta ley también favorece el accionar de los rectores y fortalece el lucro en la educación superior universitaria.

Carlos MamaniColaborador de LID Perú

Sábado 5 de febrero | Edición del día
El congresista Waldemar Cerrón junto a uno de los dueños del Consorcio de Universidades Privadas del Centro UPECEN / Movilización estudiantil contra la ley que busca el retorno de las universidades privadas no licenciadas.

El Congresista Waldemar Cerrón presentó el proyecto de Ley 908-2021 que propone modificar el Consejo Directivo de la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, para que este Consejo sea conformado sólo por 5 integrantes, 3 de los cuales serían representantes de las universidades y sólo 1 del Sistema de Acreditación educativa, lo cual fortalece el poder de los rectores, de manera similar a como lo hacía la ya derogada Asamblea Nacional de Rectores. De igual forma, el congresista Edgar Tello, Wilson Quispe, Esdras Minaya, Jorge Montoya y Darwin Espinoza Vargas presentaron proyectos de ley a través de los cuales se les otorga una prórroga de 2 años a las universidades privadas con licencia denegada, beneficiando así a los millonarios dueños de estas universidades que lucran con la educación superior.

Por su parte, el Congresista Edgar Tello, miembro del partido oficialista Perú Libre, presentó el proyecto de ley 815-2021, que permitiría dar una prórroga de 2 años a las universidades privadas que no lograron tener licenciamiento por la actual Superintendencia de Educación Superior, SUNEDU. Este fue el pedido expreso de la familia León Untiveros, empresarios y dueños del consorcio de universidades privadas en el Centro del País UPECEN y amigos de la Familia Cerrón. Como señala Ojo Público [1] la familia León Untiveros fue una de las más importantes financistas de la campaña de Perú Libre, y han tenido todo el respaldo de Vladimir y Waldemar Cerrón, dirigentes del partido oficialista, para dar continuidad a su negocio, so pretexto de “fortalecer la autonomía universitaria”.

De igual forma, Esdras Medina, militante de Renovación Popular, partido de la ultra-derecha dirigido por el general Montoya y el fascistoide Rafael López Aliaga, presentó un proyecto de ley muy similar al propuesto por Waldemar Cerrón y Edgar Tello.

Esdras Medina presentó el proyecto de ley 627-2021, en el que critica severamente a la SUNEDU, señalando que ésta ha desnaturalizado el principio de autonomía universitaria que debe regir en cada claustro académico e interfiere constantemente en la calificación de las autoridades. El parlamentario agregó que la Asamblea Nacional de Rectores tuvo mejores logros y avances universitarios, además “demostró capacidad y competencia en situaciones de crisis y mal manejo económico”, sugiriendo regresar a ella. El general Jorge Montoya apoyó este proyecto de Ley en la Comisión de Educación conformada en el Congreso.

De parte de la bancada de Acción Popular, partido del desprestigiado ex presidente Manuel Merino, el congresista Darwin Espinoza Vargas presentó un proyecto de ley que daba una prórroga adicional a las universidades privadas que no lograron el licenciamiento para someterse a una nueva evaluación. El congresista respalda así el pedido expreso de rectores de universidades privadas, muchas de ellas religiosas [2]

Autonomía universitaria o autarquía de rectores

Recordemos que la autonomía universitaria fue desnaturalizada con las reformas neoliberales de Fujimori, especialmente con la “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” que permitió la génesis de las universidades privadas y el lucro con la educación superior. Esta ley también protegía a un sector de la burguesía nacional (los dueños de estos consorcios de universidades privadas) de todo tipo de fiscalización y los exoneraba del pago de tributos, pese a que estas universidades cobraban boletas mensuales altas a las familias de los estudiantes.

Así pues, el rector de la Universidad Privada Garcilaso de la Vega, tuvo una remuneración ordinaria de 2 millones de soles mensual [3], sin que esta institución pague impuestos. Sin embargo, años más tarde esta misma universidad privada no logró cumplir los requisitos mínimos de calidad para ser acreditada por la SUNEDU.

De igual forma, muchos rectores se han enriquecido con este sistema educativo, beneficiándose de las reformas neoliberales de los años 90. Por ello, es necesario denunciar que esta “autarquía de los rectores” solo sirve para que se enriquezcan, así como los empresarios de la educación, quienes dicen “defender la autonomía universitaria” para evitar que SUNEDU interfiera o perjudique su negocio que va en detrimento de la calidad educativa.

Recordemos que el actual consejo de SUNEDU está conformado por 7 miembros, de los cuales 2 son docentes calificados y 5 profesionales elegidos por concurso público. No tiene una conformación exclusiva de los rectores universitarios como si lo permitía la derogada Asamblea Nacional de Rectores, evitando así que ellos sean “juez y parte” en la acreditación educativa de sus universidades. Nosotros, recogiendo el sentir de los estudiantes, los docentes y los trabajadores universitarios, consideramos que este consejo debería tener una conformación más amplia, en la que participen más docentes calificados, así como estudiantes y trabajadores de este sector, además de tener un manejo transparente sobre la acreditación. Lo que si no podemos permitir es el retorno a un sistema universitario donde los intereses lucrativos de los empresarios y rectores de las universidades privadas sea el predominante.

La bancada oficialista de Perú Libre ha criticado el proceso de certificación de SUNEDU señalando que es una reforma “caviar”, que ha excluido a las nuevas universidades que provienen de la burguesía emergente “progresista”, cuando sabemos que nada progresista hay en empobrecer a las familias de los estudiantes, y menos aún en precarizar a los docentes que trabajan en estas instituciones.

La reforma universitaria desde la izquierda y de los trabajadores

La reforma universitaria promovida por SUNEDU y el Ministerio de Educación a través de la Ley Universitaria 30220-2014 es una reforma limitada, ya que se reduce a exigir mayores requisitos a los docentes para ser catedráticos de las universidades, como la obligación de ser magíster y no sólo bachiller o egresado, además de contar con el título profesional. De igual forma, se fortalece el mecanismo de becas e incentivos a los centros de investigación, especialmente a la CONCYTEC.

Estas propuestas, si bien tienen el propósito de mejorar la calidad de la educación, no están bien orientadas pues deben venir acompañadas de facilidades para que los actuales docentes universitarios se capaciten de forma gratuita. Por otra parte, consideramos que son propuestas incompletas, pues deben venir acompañadas de un cuestionamiento de fondo a la educación superior, como denunciar la aparición de las “pre-universidades” que captan buena parte de la cuota de ingresantes a las universidades públicas y la mercantilización de la educación superior con la aparición de las universidades privadas express, cuyos dueños no tienen el deber por ley de explicar de dónde han obtenido aquellos millonarios ingresos para construir una millonaria infraestructura de educación.

Por ello, consideramos que una propuesta para empezar a cambiar la universidad desde la izquierda, los estudiantes y los trabajadores pasa por eliminar el lucro en la educación superior, y democratizarla. Por ello, es necesario derogar la ley fujimorista de inversión en la educación, y prohibir la génesis de nuevas universidades privadas, priorizando mejoras en la educación pública. De igual forma, consideramos que, de ninguna manera la SUNEDU debería avalar el lucro con las denominadas “universidades pantalla”, que son aquellas que sirven como empresas para lavar dinero ilícito. Las universidades que no han obtenido el licenciamiento por carecer de una adecuada infraestructura educativa deben ser expropiadas y administradas por los trabajadores, los docentes y los estudiantes y/o bachilleres, dándole un resarcimiento a las familias cuyos hijos no han podido terminar de estudiar porque la universidad no contó con el licenciamiento.

Por otra parte, denunciamos la autarquía de los rectores y los empresarios dueños de las universidades privadas que dicen falsamente defender la “autonomía universitaria” y denuncian un supuesto complot “caviar”, pero en realidad, como lo demuestran los hechos, lo único que defienden son sus intereses patrimoniales en detrimento de la comunidad universitaria y de la ciencia. Paremos el lucro en la educación superior universitaria.

Referencias:

1. Ver el informe de Ojo Público: https://ojo-publico.com/3258/familia-vinculada-peru-libre-impulsa-ofensiva-contra-la-sunedu

2. Noticia de Lima Gris. Disponible en https://limagris.com/congresista-espinoza-pretende-salvar-a-las-universidades-no-licenciadas/

3. Noticia de la República, de fecha 19/05/2013. Rector de la Universidad Garcilazo de la Vega gana 2 millones de soles mensuales (lo que equivale a medio millón de dólares americanos por mes). https://larepublica.pe/sociedad/712157-rector-de-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega-gana-s-2-millones-mensuales/




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