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Red Internacional

Por ser una de las actividades económicas más agresivas con el medio ambiente en 2009, gracias a la lucha contra la imposición de megaproyectos mineros en México, se designó este día como Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto o Mega Minería.

Jueves 22 de julio | Edición del día

Las comunidades aledañas al cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí han enfrentado la imposición del proyecto minero San Xavier, de la empresa canadiense New Gold Inc., desde el año 1996, dos años después de que se decretaran las modificaciones a la constitución para la apertura a capitales extranjeros a las concesiones mineras.

En contubernio con las autoridades locales y bajo la promesa de empleos estabilidad económica a la región, los dueños de la minera buscaban convencer a la población de aceptar una mina de tajo a cielo abierto, lo que implicaba reubicar sus viviendas en otra zona y desaparecer el poblado de Cerro de San Pedro, sin embargo la gente no aceptó y comenzó un largo proceso de defensa de su territorio frente a la mina.

En 2009 bajo una iniciativa impulsada por activistas canadienses y por miembros de las comunidades vecinas al cerro de San Pedro, que conformaron el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, se determinó que el 22 de julio se conmemoraría el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, en países de América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México.

En cuestión el modelo extractivista

Se le llama minería a cielo abierto porque busca la obtención de los recursos minerales en la superficie del terreno, para lograr la extracción y recuperación de minerales se remueven grandes cantidades de suelo y subsuelo que después son procesadas mediante la aplicación de sustancias tóxicas para la extracción de los minerales: cianuro de sodio para obtener oro, ácido sulfúrico para obtener cobre y uranio, entre otros.

Es por esto que en incontables ocasiones ha sido denunciadas, las devastadoras consecuencias sociales, sanitarias y ecológicas de esta variante de la explotación capitalista de los recursos naturales, principalmente en América Latina donde ha habido una creciente proliferación de proyectos de tajo a cielo abierto.

El actual modelo extractivista encontró sus bases desde los años 80, siguiendo directrices de organismos mundiales como el FMI y el Banco Mundial, en muchos países latinoamericanos se instrumentaron reformas para privilegiar e incentivar la inversión extranjera directa en sectores antes reservados a la inversión nacional.

Dichas reformas tuvieron entre sus objetivos facilitar la desincorporación estatal de diversos recursos, algunos estratégicos, y su conversión en lucrativos negocios para el capital internacional. De esta manera se dio libre acceso a trasnacionales extractivistas los yacimientos energéticos (petróleo y gas) y las reservas minerales que incluyen desde metales hasta tierras raras, muchas de ellas fundamentales para la industria militar y tecnológica.

En México, fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se modificó el artículo 27 constitucional, abriendo el paso a la entrega de concesiones a las grandes compañías mineras, nacionales o extranjeras. De acuerdo con un reporte sobre el sector minero en México de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actualmente 12% del territorio nacional, es decir 21 millones de hectáreas, se encuentra concesionado a empresas mineras, en su mayoría extranjeras de origen canadiense.

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Devastación ambiental como telón de fondo

De acuerdo al testimonio de Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro, en 2009, las comunidades ​ganaron legalmente, pero perdieron por la vía de los hechos, pues en el caso del proyecto de Minera San Xavier, los habitantes y las organizaciones se ampararon y demostraron el incumplimiento de la normatividad ambiental en el país, pero a pesar de eso el proyecto avanzó y los opositores enfrentaron amenazas y hostigamiento de la empresa.

Según datos de la Semarnat, actualmente en 68 de las 142 áreas naturales protegidas (ANP) del país hay concesiones mineras y mil 609 permisos de exploración para esta industria. Existen, además, 466 “presas de jales”, es decir, de residuos tóxicos arrojados por la minería, en las cuales se han registrado 23 incidentes en un periodo de 33 años.

Al mismo tiempo 100 empresas tienen concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga, cantidad en ascenso desde 1994, esto incluye permisos de descarga y uso de aguas superficiales y subterráneas, en las que se incluyen grandes consorcios como Grupo México, responsable del desastre del Río Sonora en 2014 y del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en 2019.

Esta actividad extractiva goza de privilegios especiales, como el uso preferente de los territorios para su práctica sobre cualquier otro uso de la tierra, por considerarse en la legislación como una actividad de interés público.

De acuerdo al Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, La minería de este tipo contamina ríos, lagos y acuíferos; destruye la orografía de las regiones y debido al uso excesivo de sustancias tóxicas para los procesos de lixiviado de los minerales contamina grandes extensiones territoriales que tardarán miles de años en perder esa toxicidad.

Además, la actividad minera, en especial mediante la técnica de tajo a cielo abierto, se asocia con la presencia o el incremento de enfermedades en los habitantes de los poblados aledaños a la actividad minera, entre ellas el cáncer y enfermedades estomacales y renales, entre otras.

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¿Cómo luchar contra la minería a cielo abierto?

Los daños al ambiente ocasionados por la minería a cielo abierto y los conflictos sociales y laborales son dos caras de la misma moneda. Es por esto que para que triunfe la lucha contra los megaproyectos es necesaria la unidad de los afectados ambientales y los trabajadores mineros.

Los primeros interesados en vivir bajo mejores condiciones y en preservar los recursos del planeta para generaciones futuras son los mismos trabajadores y pobladores de las regiones donde se hallan proyectos mineros.

Por eso, la salida es la nacionalización bajo control obrero de la industria minera; de esta manera, se decidirían democráticamente y mediante la participación de los trabajadores y los pueblos, las condiciones de trabajo y el aprovechamiento de la riqueza generada. Esto, como parte de una lucha contra el sistema capitalista, en miras a que la producción en todos los rubros sea planificada al servicio de las grandes mayorías y no para el enriquecimiento de un puñado de empresarios.




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