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Puebla: Criminalizan a mujeres por informar sobre interrupción del embarazo

En medio del debate en el Congreso local por la despenalización del aborto, un grupo de antiderechos arremetió legalmente contra dos mujeres y las sometió al acoso y violencia en redes sociales ¿su delito? ofrecer información sobre la interrupción voluntaria del embarazo en una entidad en donde se penaliza hasta con tres años de prisión.

Nancy Cázares

@nancynan.cazares

Miércoles 14 de abril | 18:21

Desde el lunes 5 de abril, el Congreso de Puebla comenzó el parlamento abierto sobre derechos sexuales y reproductivos, en el cual se discute la despenalización del aborto que, en la entidad, se castiga con uno a tres años de prisión y cuya realización en condiciones inseguras e insalubres constituye la cuarta causa de muerte entre mujeres en el estado.

Con marco en este debate, un estudiante de derecho llamado Christer Espino informó, por medio de su cuenta de Twitter, que el 9 de abril presentó ante la Fiscalía del Estado de Puebla una denuncia penal por el delito de aborto en contra de Kiana, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de Aissata, médica de la UNAM y fundadora de la asociación Medicina por el Derecho a Decidir. 

Respaldadas por el grupo Civilitas, autodenominado "provida", las acusaciones en contra de Kiana son tan absurdas como haber recomendado en redes sociales acudir a organizaciones de acompañamiento e información como Medicina por el Derecho a Decidir. En este caso no sólo buscan una sanción penal, sino también que sea expulsada de la BUAP de donde ya ha sido suspendida por autoridades universitarias.

En conferencia de prensa, integrantes de este grupo aseguraron hipócritamente que no se trataba de una medida que busque "juzgar" a las mujeres que aborten, sino de señalar la "incentivación" o promoción de una actividad penada por la ley. Sin embargo, no han tenido reservas en asegurar que ambas mujeres integran lo que calificaron de "red criminal de abortos clandestinos" y equipararon brindar información sobre interrupción de embarazo a "fabricar una bomba". Estas declaraciones recuerdan, dicho sea de paso, a las del Papa Francisco cuando comparó a las personas trans con armas de destrucción masiva. 

Por su parte, en entrevista para Milenio, la médica Aissata González insistió en que brindar información y acompañamiento a personas que han decidido abortar no es delito y ratificó que el aborto es un procedimiento médico y, como tal, un derecho que debe ser accesible a quienes lo requieran. 

Según cifras oficiales, sólo después del Estado de México, Puebla es el segundo estado del país desde donde más mujeres viajan al año a la Ciudad de México para practicarse un procedimiento de ILE (Interrupción Legal del Embarazo). En todo el país esto sólo es posible en Oaxaca, entidad en donde también está regulada la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. 

Entre 2009 y 2019, fueron sentenciadas en Puebla al menos 11 mujeres por el delito de aborto.Tan sólo en 2020, medios locales registran la apertura de tres carpetas de investigación por aborto, esto a pesar de que el gobernador Miguel Barbosa niega que hay mujeres presas por abortar en Puebla y a pesar de la ley de amnistía aprobada a nivel federal por la Secretaría de Gobernación para este delito. 

Si bien la legislación contempla casos excepcionales en donde está permitida la ILE en Puebla, la realidad de las mujeres en la entidad es una serie de trabas burocráticas que terminan por exceder las 72 horas para brindar anticonceptivos de emergencia, que es apenas una muestra de la violencia a la que deberán enfrentarse quienes busquen acceder a este derecho. 

La Alerta de Violencia de Género, que contempla la capacitación de personal hospitalario también resulta letra muerta cuando chocan con la realidad de que hace falta más personal especializado. En Puebla sólo existen tres centros de salud de cuentan con este tipo de atención. Como siempre, las niñas y mujeres más empobrecidas, inmersas en ciclos de violencia estructural y económica que les impide desplazarse a la Ciudad de México o buscar acompañamiento de especialistas, son quienes llevan la peor parte. 

Activistas locales señalan que no existen cifras exactas sobre los derechos reproductivos de este importante sector de la población en la entidad que, en tempos electorales son botín político de los partidos en el Congreso. La posición de estos partidos ha quedado clara cuando desde el PAN hasta el Morena han votado en contra del derecho a decidir en distintas oportunidades en los últimos años, a pesar de los discursos que proclaman a este gobierno como "el más feminista" de la historia. 

La negativa de los partidos en el Congreso no ha sido la única forma en la que los poderosos han impuesto su voluntad por encima de las vidas de miles de mujeres. La represión artera por medio del despliegue policíaco —como hemos visto en la Ciudad de México, en Quintana Roo y en Chihuahua— forma también parte de este entramado antiderechos del que hoy, con esta campaña de criminalización de dos mujeres en Puebla, tuvimos otra prueba. Voces de la derecha eclesiástica, grandes medios de comunicación y sectores conservadores funcionan como engranes y, con este episodio, buscan minar el ánimo de lucha de quienes en la entidad y en todo el país siguen con expectación la discusión en el Congreso poblano. 

En este panorama, una campaña nacional por el derecho a decidir puede articular los esfuerzos de organizaciones de mujeres, feministas, políticas, sindicales y sociales que, por todo el país se han movilizado con la lucha por el derecho al aborto y contra la violencia como principales motores. Este esfuerzo debe tomar en sus manos y llevar más allá lo conquistado hasta el momento, con aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, garantizado por el Estado. 

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