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Reforma Policial: Sobre los diplomados a represores, ilusiones y el poder obrero

Juan Andres Vega

Reforma Policial: Sobre los diplomados a represores, ilusiones y el poder obrero

Juan Andres Vega

Hace un par de días se anunció una noticia muy curiosa, por decir lo menos, que en medio de una enorme crisis de las Universidades públicas arrastrada por el modelo de educación de mercado, profundizada durante la pandemia, la Universidad de Chile impartirá un diplomado especial para oficiales y suboficiales de Carabineros, con participantes “notables” como los generales Carlos Gonzáles, encargado de la represión en el Wallmapu, y Enrique Monrás de la zona metropolitana Oeste.

El objeto de este artículo es enmarcar esta medida de la Universidad en el debate de reforma a Carabineros, abierto por las masivas violaciones a los derechos humanos durante la rebelión y repuesto por la declaración de la comisión de DDHH de la Convención Constitucional de refundar la policía con un enfoque “ciudadano y desmilitarizado”.

Al mismo tiempo, intentar evidenciar los límites que cualquier reforma a la policía tiene. Para esto es importante distinguir dos niveles de la función policial: por un lado tenemos el cumplimiento de las leyes del tránsito y la prevención de delitos simples, lo que podríamos llamar el nivel “civil” de la policía.

Mientras que por el otro tenemos el mantenimiento de lo que la prensa y la política burguesa llama el “el orden público”, es decir, el tránsito normal de las mercancías para su consumo. En el caso de las personas, a ser consumidas por el trabajo. Aquí reinan las ex Fuerzas Especiales de Carabineros, los blindados, los gases y las balas. Este es el rostro militar de la policía, el cual luce más o menos igual a lo largo y ancho de todo el mundo allí donde hay sectores movilizándose por sus derechos.

Represión humanitaria (y con enfoque género)

Cada año, independiente del lugar, en cada movilización más o menos masiva, se vuelven a repetir los mismos testimonios: brutalidad policial, amenazas, humillaciones, golpes, torturas, abusos sexuales y violaciones. Sistemáticamente minimizada por los gobiernos de la derecha y la Concertación, “casos aislados” decían. Ante lo cual se tomaron “medidas” bastante creativas como el destinar mujeres policías a reprimir, con enfoque de género, las movilizaciones feministas o los actuales “agentes de diálogo”.

Sin embargo, con la rebelión y la intervención masiva de la población en la protesta se hizo insostenible esa situación. De allí que la izquierda reformista FA+PC insistiera en la formación en derechos humanos de los agentes policiales como parte de una refundación de la institución.

Ahora bien, la idea misma de que reprimir una protesta popular pueda tener enfoque de género y que respete los Derechos Humanos resulta, de mínima difícil de creer, por no decir absurda.

Recordemos por un momento el paro portuario a finales del 2018. El cual estuvo motivado por las precarias condiciones de trabajo del sector portuario, con la existencia de contratos por día, que dependen de la demanda del puerto. Para quien no lo sepa, es importante señalar que tanto paralizar, como obstaculizar el trabajo portuario es, de hecho, un delito muy grave, perseguible incluso por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

En esa ocasión, el corte de calle a la entrada del puerto rápidamente se transformó en una batalla entre la policía haciendo cumplir la ley y portuarios firmes en no permitir que Ultraport siguiera jugando con sus vidas todos los días. ¿El resultado? 15 trabajadores portuarios atrapados en el techo de su sindicato durante horas tras el allanamiento y daño al edificio sindical. Esa noche la rabia recorrió los cerros de Valparaíso, que con el sonido de las cacerolas mostró su apoyo a los portuarios que la ley y la policía consideran delincuentes.

Cuando tenemos frente a frente un grupo de personas cansadas de las miserias que les ofrece el Chile neoliberal de los capitalistas, peleando decididas por cambiar su situación y, como decía Lenin, un grupo de hombres (y mujeres, agregamos) armados cuya única misión y objetivo es hacer cumplir la ley al servicio empresarial, no hay espacio para los Derechos Humanos: todo se reduce a tirar del gatillo o desobedecer (recordemos a David Veloso, solado detenido por el Ejército tras negarse a reprimir la rebelión).

Por eso la propuesta de la Universidad de Chile de realizar un diplomado sobre “psicología de multitudes y gestión policial” es más un lavado de cara a la institución y un oportunismo de la autoridad universitaria para aparecer en el debate público como “aporte a la República”, mientras despiden trabajadores o no pagan salarios como hoy denuncian las trabajadoras de la Facultad de Artes.

Abren las puertas de la universidad a los represores mientras cientos de estudiantes desertan de sus carreras por la imposibilidad de continuar estudios virtualmente con costos millonarios y efectos desastrosos en la salud mental del estudiantado. ¿Cuánta plata va a gastar el Estado para el diplomado? ¿Por qué no se ocupa esa plata para ayudar a parte de los más de 60 mil estudiantes que han perdido la gratuidad por extender la duración de la carrera? Claramente las prioridades son otras: renovar la imagen de la represión.

A menos que los guanacos (carro lanza aguas) rieguen plantas y el zorrillo (lanza gases) tire aromatizantes, una reforma al rostro militar de la policía es una utopía que solo puede servir para engañar al pueblo trabajador, incentivando la confianza en sus verdugos.

Reforma civil: los límites de la democracia burguesa y la autoorganización obrera

Ahora bien, pongámonos en el caso en que hacemos como que el rostro militar de la policía no existe y que estamos hablando exclusivamente a las labores “civiles” de carabineros, asociada al patrullaje y la prevención de los delitos comunes.

Claramente una policía así no podría existir, no en un país capitalista donde el proceso económico genera miserias que arrojan cientos de personas al desempleo crónico (que los datos de la ciencia burguesa llaman “fuera del mercado laboral”), que tienen que recurrir al narco y al robo para dar sustento a sus familias.

Un país donde el matrimonio entre capitalismo y patriarcado sostiene una pandemia de violencia machista que miles de mujeres viven cotidianamente, desde el paseo por tribunales por no pago de pensión de alimentos, pasando por la violencia económica, física y sexual, hasta llegar a los femicidios.

Un país que mantiene estas y otras miserias, es un país donde habrá gente cansada peleando para cambiar las cosas, lo que hace irrealizable una “paz social” tal que haga innecesario al aparato militar de la policía. Mientras la burguesía sostenga su negocio de dominación sobre la mayoría trabajadora se verá en la obligación de recurrir, antes o después, a las balas. Si no es un órgano de la policía, entonces será la bota militar, como de hecho ocurre cuando Carabineros no basta, así como vimos en la rebelión.

La democracia burguesa, representativa y burocrática existe precisamente para que las mayorías trabajadoras puedan reformar cualquier cosa.... menos el robo masivo que hacen los empresarios a los trabajadores mediante el salario: la explotación capitalista no cabe dentro del cascarón de la democracia liberal. De aquí que una reforma del Estado que modifique las tareas de la policía no pueda afectar la dinámica real que exige del Estado su rol principal de garantizar la sumisión obrera.

Ligado a lo anterior, encontramos en la historia ejemplos bastante ilustrativos de esta relación entre las tareas policiales y los límites de la democracia burguesa. Hablamos de la toma que dió origen a la población La Victoria (1957) y al ejemplo de los Cordones Industriales (‘72-’73).

En el primero, ante la negativa de la burguesía y sus políticos de entregar solución al problema de la vivienda que se venía arrastrando desde inicios de siglo por las enormes oleadas migratorias campo-ciudad, cerca de 1200 familias se tomarían el terreno que hoy es la población La Victoria en la capital Santiago. Para esta ocasión, desde las mismas familias y el comité de organización surgieron comités de vigilancia que cumplían labores de seguridad. Entre las situaciones que tuvieron que enfrentar estaban el alcoholismo y la violencia machista (en ese tiempo llamada doméstica).

De manera similar, casi 20 años más tarde, la clase obrera industrial tomaría el ejemplo y sentaría las bases para una forma distinta de organizar la sociedad. Veamos.

Durante la primavera de 1972, la derecha y los capitalistas realizan una ofensiva contra las masas trabajadoras que seguían a la Unidad Popular de Allende. Mediante el lock-out, cierran las fábricas y cortan el circuito productivo, poniendo en riesgo el abastecimiento del país y los puestos de trabajo de miles de familias. El proletariado da un paso decisivo hacia adelante formando los Cordones Industriales, consejos de coordinación entre las diversas fábricas y empresas dispuestas en un territorio. Mediante la toma de las empresas y el control obrero la producción fue puesta en marcha nuevamente.

Sin embargo, y pese a la resistencia de la UP, los Cordones más avanzados superaron esa faceta de “simple” control parcial de la producción (que ya significaba un salto enorme), para plantear la necesidad de organizar la vida social: las bandas fascistas que atacaban los cordones obligaron a los obreros avanzar a organizar también comités de vigilancia que resguardaban varios km. Siendo el miedo a su extensión y desarrollo lo que derrotó la ofensiva burguesa en 1972 y el intento de golpe de estado en junio de 1973. Fue su desarme y desorganización por parte de la UP lo que allanó el camino para la victoria capitalista el 11S.

Lo que intentamos ilustrar es que cuando la clase obrera, industrial y desocupada, se organiza desde abajo por sus demandas, puede avanzar a plantearse organizar la vida social y, desde ahí, reemplazar los aparatos policiales.

Dicho de otro modo, si la clase trabajadora, avanza sobre los límites de la democracia burguesa con sus ilusiones sobre reformas, avanzando a cuestionar la explotación capitalista y se organiza, rompiendo la división que imponen las burocracias sindicales de los partidos reformistas, puede avanzar no solo a “cambiar” a la policía, aboliendo el rostro militar y extinguiendo el civil, la policía -en su función y necesidad- se ve superada.

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Juan Andres Vega

Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
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