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Red Internacional

ACTUALIDAD.Reforma al Código de Justicia Militar: nuevo atropello contra las libertades democráticas

La Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves 28 de abril, una reforma al Código de Justicia Militar y un Nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, los cuales estarán al mando de jueces de control con la reciente figura de la Fiscalía General de Justicia Militar.

Sergio Abraham Méndez MoissenMéxico @SergioMoissens

Miércoles 4 de mayo de 2016 | 02:13

Dentro de su fuero, se podrá ordenar el cateo a domicilios particulares y oficinas del gobierno, incluyendo las dos cámaras del Congreso de la Unión, aunque dicha reforma contradice el contenido del artículo 61 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de estos espacios legislativos.

Anteriormente, la aprobación de la minuta que estipulaba la transformación a una Fiscalía General de Justicia Militar, ya había sido secundada en la votación en el Senado, con 78 votos a favor.

A pesar de que durante el proceso de aprobación se dieron irregularidades, como el hecho de que no se diera lugar a devoluciones del proyecto para su discusión en comisiones, violando los propios mecanismos del Reglamento del Senado, la aprobación se dio y el proyecto incluso tendría funciones en tiempos de paz.

Esta nueva reforma al Código atenta con nuestros derechos democráticos más elementales; contra la libertad de expresión, ya que se condiciona la cobertura periodística a juicios castrenses; contra los derechos humanos, bajo el allanamiento a domicilios particulares sin previa autorización de un juez; además avanza incluyendo disposiciones que facilitan el terreno para establecer un “estado de excepción”.

Sus antecedentes tuvieron lugar a finales del mes de marzo cuando Peña Nieto y la Cámara de Diputados habilitaron la suspensión de derechos a la manifestación, libre asociación, circulación y libertad de expresión, con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Mediante esta ley, el presidente podrá solicitar al Congreso la suspensión de garantías y estados de excepción ante una amplia gama de riesgos ‘‘a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado’’.

En esta nueva reforma el cateo se extiende a organismos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Banco de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Además de poder intervenir llamadas telefónicas, dejando fuera de responsabilidad a las fuerzas armadas cuando existan víctimas de derechos humamos.

Legitimar la represión

Recientemente en una nota publicada por la revista Proceso, “Las reformas al Código Militar, un camino al golpismo” se expone el intercambio previo de representantes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. A pesar de que la bancada petista hizo la petición de aprobar la “moción suspensiva” para las reformas aprobadas el 21 de abril, en medio del escándalo por la modificación fast track, los reclamos llegaron tarde y fueron insuficientes en el Senado que aprobó dichas reformas el último día de sesiones del periodo ordinario.

Esta modificación se da en el marco de la impunidad hacia el caso de nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, cuyo reclamo sigue vigente luego de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del rol desempañado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Las autoridades de la PGR y el gobierno de Peña Nieto han hecho todo para encubrir la línea que dirige la participación directa del 27 Batallón en Iguala. A pesar de las recomendaciones del GIEI, el Ejército no ha sido investigado ni sometido a ningún tipo de interrogatorio. Consultar nota.

Ejemplo también de la impunidad fue el escándalo por la tortura a una mujer en el estado de Guerrero, a manos del ejército y miembros de la Marina, cuya gravedad sólo alcanzó las disculpas del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y tres policías federales bajo proceso penal. Leer aquí.

Diferentes organizaciones de derechos humanos y académicos empiezan a encabezar el rechazo contra esta reforma, la cual debe ser respaldada de manera amplia con la participación de organizaciones de izquierda y de trabajadores, para echar atrás este nuevo atentando del régimen hacia el conjunto de la población.

Desde sexenios anteriores, como el de Felipe Calderón, las mujeres, los migrantes, los jóvenes, campesinos y trabajadores, hemos sufrido las brutales consecuencias de la militarización del país que ha dejado más de 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de muertos, incluyendo asesinatos por motivos políticos y miles de familias desplazadas. Esta ofensiva ubica a millones de personas en total vulnerabilidad, mientras las fuerzas armadas actúan en total impunidad y operan con el apoyo encubierto de agentes estadounidenses.

Pero también son los principales responsables del aumento en los índices de feminicidio, juvenicidio y la violencia diaria que afecta a millones de mujeres, jóvenes y trabajadores. Por ello es necesario unificar esfuerzos para poner en pie un movimiento contra la represión y militarización, para frenar los planes del gobierno de Peña Nieto que actúa en consonancia con los planes del imperialismo estadounidense y los partidos al servicio de los empresarios.

Desde la Plataforma 5, Anticapitalistas a la Constituyente, planteamos nuestro enérgico repudio contra la aprobación de esta reforma al Código de Justicia Militar, por ser parte de una ofensiva contra las libertades democráticas. Exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinpa, así como fortalecer en las calles la organización y la movilización contra este tipo de medias que amenazan nuestros derechos conquistados.




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