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DERECHOS LABORALES

Repudian sindicatos Ley General de Educación Superior

Las tres principales federaciones del sindicalismo universitario, FNSU, la CONTU y la CNSUECIC, lanzaron un comunicado de prensa conjunto para manifestar su rechazo a la Ley General de Educación Superior.

Alex Osorio

México

Arturo Rendón

Académico de la agrupación Nuestra Clase

Jueves 18 de marzo | 18:09

Este 16 de marzo de 2021, sindicatos universitarios rechazaron la aprobación por parte de organismos parlamentarios (Cámara de diputados y de senadores) de la Ley de General de Educación Superior (LGES) por medio de una conferencia de prensa virtual, por considerar que entre otras cosas se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.

Además de que se refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias académicas, agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).La ANUIES, entre otras cosas, pactó el teletrabajo en muy malas condiciones para los trabajadores en las instituciones de educación superior y dictaron la línea de varios de los contenidos de la LGES.

Por su parte la FNSU, la CONTU y la CNSUECIC señalaron que la nueva Ley, en su artículo 4° contraviene el artículo 3° constitucional, al degradar el derecho a la educación superior pues faculta a las universidades de imponer requisitos adicionales para poder realizar estudios superiores, junto con ello se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.

La LGES somete a todas las instituciones de educación superior a un control centralizado de los gobiernos federal y estatales, al dejar de manera exclusiva en sus manos la coordinación y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior. Junto con ello las directrices que establece, permite agudizar la problemática de la precarización laboral entre los docentes universitarios y con ello la desigualdad y la discriminación, negándoles el acceso a un estado de bienestar en el trabajo. Ahora, ¿En qué circunstancias se da la Ley General de Educación Superior?

El contexto del ataque

La aprobación de la LGES se da en un contexto nacional de ataque a la educación superior que da como resultado la profundización de las políticas de corte neoliberal del pasado, recordemos que en primer lugar la susodicha Ley “establece la gratuidad de la educación de nivel universitario, de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto”. Es una profunda contradicción, ya que la

SEP se negó a rescatar a las once universidades en quiebra y hacia diciembre se aprobó una partida presupuestaria para pagar salarios de 50 mil trabajadores, pero no se resolvió la situación estructural de la crisis y hoy continúan los adeudos de prestaciones y salarios.

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Por otro lado, está la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que está buscando revisar y validar el ataque contra los derechos laborales de los investigadores de tiempo completo, al pasarlos al apartado B del artículo 123 constitucional para convertirlos en trabajadores de confianza. Lo que implicaría la pérdida del derecho a la estabilidad laboral y la sindicalización, quedando a merced de las disposiciones de las autoridades de sus respectivas universidades.

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A esto se suma el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) aprobado por la Junta de Gobierno del CONACyT, en el que pretende profundizar la elitización de la ciencia y los apoyos económicos disfrazándola de una medida progresista, porque según ellos da prioridad a la inclusión social, equilibrio regional y a las ciencias de frontera. Sin cuestionar para nada que el propio sistema de estímulos engendra profundas desigualdades sociales entre los académicos al promover una feroz competencia entre ellos, que casi siempre es ganada por los que tienen las mejores condiciones para competir.

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En semanas recientes la SCJN dio un fallo a favor de que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los trabajadores académicos y administrativos de las universidades, se calcularan en UMAS y no en salarios mínimos, que profundiza el ataque de la regresiva reforma a la ley del ISSSTE del 2007.

¡Defendamos nuestras condiciones laborales!

La pandemia ha profundizado la crisis económica a nivel mundial, bajo esta situación el gobierno federal ha salido a decir que no se endeudará con el Fondo Monetario Internacional y que tampoco cederá frente a la derecha y los empresarios que exigen una política para que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis.

El gobierno federal se ha limitado a exigir que los empresarios paguen sus impuestos y sostener sus principales programas sociales. Pero a la par ha impulsado un redoble de la austeridad republicana que ha profundizado el recorte a todas las dependencias estatales y se traduce en recorte de insumos, prestaciones y despidos.

Mientras las direcciones sindicales que se reclaman democráticas se han limitado a buscar un pacto social con el gobierno y los empresarios. Esta situación ha permitido que se profundicen los ataques a las condiciones laborales y salariales del gremio universitario.

Es urgente que la FNSU, la CONTU y la CNSUECIC rompan la tregua con el gobierno y se pongan a la cabeza de la defensa de nuestras conquistas, no podemos ser los trabajadores quienes paguemos esta crisis, mediante despidos como en el IEMS o de falta de pagos como en la Universidad Michoacana o la propia UNAM.






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