Política México

PRESOS POLÍTICOS

¡Repudiemos masivamente el proceso penal contra normalistas de Michoacán!

Exigimos la libertad inmediata de los siete normalistas presos en el penal de Mil Cumbres por luchar en defensa de la matrícula.

Martes 2 de junio | 17:15

Un juez federal vinculó a proceso a 7 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán. Su delito: protestar para que no se reduzca la matrícula para los nuevos ingresos a la escuela. Producto de esta vinculación se les mantiene en el penal de Mil Cumbres ¿No se supone que el gobierno de AMLO no iba a reprimir la protesta social?

Este caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) por el tipo de acusaciones que se le imputaron a los estudiantes, como el uso de armas, daño a propiedad federal e intervención a las vías de comunicación. Aunque la razón que los llevó ahora a estar tras las rejas es pelear porque otros estudiantes tengan el acceso a la educación.

A pesar de prometer que “nada iba a ser por la fuerza” y que “no reprimiría la protesta social”, el gobierno de la 4t se suma a la larga lista de gobiernos que han ejercido una dura represión contra la lucha de los normalistas rurales, quienes desde hace décadas han combatido a los distintos gobiernos que vienen golpeteando esta modalidad.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las constantes represiones a normalistas de otros estados como Chiapas y el mismo Michoacán, han sido producto de un ataque a las conquistas históricas del movimiento magisterial, que se conservaban en las normales, como la plaza automática para sus egresados o la manutención de estudiantes de bajos recursos.

Este ataque es una muestra también de continuidad en cómo se aplicó la anterior reforma educativa, es decir, el sometimiento salvaje de quienes el gobierno considera que puedan ser “focos rojos” en la aplicación de la Nueva Escuela Mexicana, aunque en la mayoría de los casos los jóvenes manifestantes rurales piden mesas de diálogo y ser escuchados por las autoridades.

Resulta más indignante todavía que esta salvaje represión no es nueva en la 4t. No olvidamos la brutal represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en Chiapas, así como de la normal intercultural bilingüe Jacinto Canek de la misma entidad, donde el gobierno morenista de Rutilio Escandón mandó a cientos de policías estatales para golpear brutalmente a quienes exigen mejores condiciones de estudio.

Ahora la vinculación a proceso de los normalistas de Tiripetío es sin duda un duro ataque no solamente contra las normales rurales, sino contra el derecho legítimo a la protesta. Si se permite que este golpe de aleccionamiento pase, se convertiría en un terrible antecedente para que los gobiernos puedan actuar contra manifestantes, pues esta “argucia legal” podría usarse en futuras manifestaciones para coartar el derecho a disentir.

Precarización de la juventud, una meta de la 4T

La continuidad y profundización de la precarización laboral, particularmente hacía la juventud, es uno de los signos caráctisticos de esta administración. Tal es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que educa a la juventud para acostumbrarse a recibir salarios bajos sin contratos ni prestaciones laborales, también precarizando a sectores de jóvenes profesionistas en el programa Pilares, donde no se reconoce la relación laboral con quienes trabajan en estos cursos.

El ejemplo más reciente de esta situación es la ejemplar lucha que han dado las y los estudiantes, trabajadores y docentes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), quienes exigen condiciones dignas de trabajo y estudio en dicha universidad. Como respuesta han sido ignorados por las autoridades, hostigados y ahora están bajo amenaza de ser desalojados por la fuerza de las instalaciones que han sostenido en paro por más de 105 días, desde luego sin resolver sus justas demandas.

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La pandemia ha mostrado las terribles condiciones en las que se encuentran laborando decenas de miles de jóvenes, que ahora responden con distintas manifestaciones, como el caso de los trabajadores precarios de servicios de delivery (Uber Eats, Sin Delantal, Rappi, etc), quienes mostraron que luchan por mejores condiciones de trabajo, así como los normalistas michoacanos por mejores condiciones de estudio. Sus luchas cuestionan por la vía de los hechos a un régimen que dice gobernar para ricos y pobres pero que claramente inclina su balanza en favor de los primeros.

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Este ataque de la 4t contra los normalistas puede entenderse más claramente cuando vemos que el plan de conjunto tiene que ver con imponer la precarización contra la juventud, para esto borrar todo vestigio de que los jóvenes pueden tener trabajos dignos y con plenos derechos laborales o acceso irrestricto a la educación.

Es por eso que desde la agrupación Nuestra Clase nos sumamos al repudio activo contra la represión por parte del gobierno y exigimos la inmediata liberación de los normalistas presos.

Hacemos además un llamado al movimiento democrático magisterial para poner en pie la solidaridad con los 7 estudiantes procesados, como lo viene haciendo la CNTE en Michoacán, y expresar el repudio a estas medidas ejercidas por el gobierno, que ahora se cubre diciendo que va a "resolver el caso Ayotzinapa".

Llamamos a sumarse a la exigencia por la libertad de los normalistas a todos los sindicatos que se dicen democráticos, como los agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y en la Nueva Central de Trabajadores (NCT).

Pero también como docentes llamamos a retomar el llamado que hace la Asamblea de Profesores de la UACM en Lucha para integrar un Frente Nacional Contra la Precarización Laboral, pues el problema de fondo es el mismo.

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