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Red Internacional

El conflicto del SutNotimex ha sido criminalizado y reprimido por el gobierno de la 4T.

Jueves 6 de enero | 01:27

Los altos funcionarios de la 4T disfrutan de derechos laborales que niegan a lxs trabajadorxs, tal es el caso de Sanjuana Martínez, que luego de sus vacaciones, regresa señalando a la dirigencia del Sutnotimex por extorsión.

La directora del Notimex se empeña en criminalizar la huelga, esta vez al declarar que las 25 mesas de negociación con el Sutnotimex fracasaron por el intento de extorsión de sus líderes, y que Adriana Urrea, secretaria general del sindicato, tiene carpetas judiciales pendientes, por lo cual ha hecho más de 150 denuncias por corrupción.

Al respecto, las y los trabajadores del Sutnotimex, con 685 días, casi dos años en las calles y sosteniendo sus campamentos, respondieron que los señalamientos no tienen un fundamento legal, pues no ha procedido ningún mecanismo en su contra.

Lxs huelguistas, la mayoría mujeres, han sido reprimidos, por autoridades como la Guardia Nacional, el cuerpo de granaderos, así como amenazadxs de muerte y golpeados por particulares con la complicidad de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha evitado conocer de las violaciones a sus derechos, dando la razón a Martínez.

Pero no ha sido todo, porque recientemente ha salido a la luz pública, que Sanjuana Martínez mediante escritos pidió ayuda e intervención a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, por huelga a Sutnotimex, como a Julio Scherer y otros funcionarios titulares de la 4T a que colaboren para terminar con el conflicto, pero no para resover las demandas de los trabajadores, sino para que intervengan en su favor.

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¿Por qué la denuncia por extorsión?

Si bien se desconoce si se ha abierto alguna investigación por extorsión, las declaraciones públicas de Sanjuana han antecedido los procesos. Pero, ¿tendrían fundamento legal las acusaciones por extorsión? y ¿Cuáles serían sus efectos?

La Ley Federal del Trabajo además de limitar el ejercicio del derecho a huelga, contiene una política antisindical y criminalizadora en sus artículos 369 y 378, pues establece que las organizaciones sindicales pueden perder su registro cuando sus dirigentes incurren en extorsión en el marco de un emplazamiento a huelga y de la negociación del contrato colectivo de trabajo.

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Estos preceptos, que implican la desaparición de un sindicato, fueron confeccionados a la medida de los empresarios, como los de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En 2019, su presidente Gustavo de Hoyos declaró que “Se debe sancionar con severidad, a quien provoque la suspensión de actividades en una empresa por vías de hecho y fuera de un procedimiento legal. Contener las acciones de extorsión por pseudo-líderes, y evitar que un sindicato obtenga la constancia de representatividad sin el apoyo mayoritario de los trabajadores”.

En ese año, María Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo señaló que la reforma se usaría como una vía para “eliminar de tajo el chantaje y la extorsión por parte de los dirigentes”.

Las declaraciones de Sanjuana Martínez, en realidad, apuntan a quebrar la huelga. Es uno más de los intentos de las autoridades de amedrentar a los trabajadores y hacerlos desistir de su justa lucha aprovechando un artículo deleznable de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, en los hechos del gobierno e instituciones de la 4T han criminalizado y reprimido la huelga del SutNotimex, en múltiples ocasiones, así como a lxs luchas de trabajadorxs.

Se requiere exigir la derogación de los artículos que son lesivos a los derechos laborales y la inmediata solución de la huelga del Sutnotimex, la cual vendrá con la movilización en las calles, así como con la unidad de otros sectores de trabajadores que también han sido atacados por el gobierno, como lxs estatales. En este marco, es fundamental la demanda a los sindicatos que se reivindican democráticos para que no dejar pasar impune este ataque que, de lograrse, generará un precedente en las próximas huelgas.




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