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Seis mentiras de Meade sobre el Seguro Popular y la salud pública

El precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal a la presidencia dice que la salud es un derecho social, mientras millones no tienen acceso al mismo. Acá lo demostramos.

Lunes 15 de enero de 2018 | 16:07

1. En su columna publicada en el Excélsior, José Antonio Meade parte de afirmar que “Es deber del gobierno que ninguna familia esté en riesgo de perder su patrimonio para costear la atención de una enfermedad.”

Claro, como el caso de Israel –dado a conocer por el portal Animal Político–. Se trata de un niño de 11 años de Chiapas a quien le detectaron un tumor cerebral. Su familia está afiliada al Seguro Popular, pero el seguro no cubre los gastos de la operación que hubo que practicarle ni el tratamiento posterior. Por esa razón, su madre Angelina, de origen tzozil, se endeudó y terminaron desalojándola a ella y a su familia de la casa donde habitaban.

Angelina e Israel. Foto: Animal Político

2. Meade sostiene “el gobierno debe garantizar que nadie tenga que trasladarse largas distancias para atenderse, y que por ningún motivo haya enfermos de gravedad o mexicanos en situación de emergencia de salud que tengan que acudir a varias instituciones públicas en búsqueda de un médico que los atienda”.

Nada más alejado de la realidad para Israel. Lo operaron del tumor en un hospital localizado a unos 70 kilómetros de la localidad donde habita, Ichilho. Peor aun, debe seguir un tratamiento por tres años, que incluye medicamentos que no surte la salud pública, y es necesario realizarle monitoreos con un tomógrafo que hay en el hospital más próximo, San Cristóbal de las Casas, pero no funciona. Así es que Angelina debe llevarlo al Instituto Nacional de Neurología, de la Secretaría de Salud federal, cada tres meses. Son unos $4,000 por viaje redondo más $4,000 de los medicamentos que necesita Israel.

3. El precandidato del PRI tiene el descaro de plantear “Toda infraestructura de salud debe contar con los recursos humanos, insumos y equipamiento suficientes a partir de un catálogo de necesidades básicas, para atender a la población a su cargo, con énfasis especial en las unidades de atención ambulatoria, particularmente en zonas rurales.”

Justo lo contrario a lo que sucede. En el caso de Israel, los gastos de su tratamiento se financian con donaciones de la comunidad, incluidos enfermeros del hospital de San Cristóbal de las Casas. Otra muestra –como lo ocurrido durante el sismo- que ante la indolencia de las autoridades es la solidaridad obrera popular la que apoya ante situaciones críticas.

Los trabajadores de la salud de ese hospital denunciaron en entrevista con Animal Político “El hospital que debería cubrir la atención a los 18 municipios de estos 600 mil habitantes, tiene un desabasto total en cuanto a equipo, material, medicamentos, insumos, hasta las jeringas las tienen que comprar los familiares. El problema serio es la gran corrupción que se está dando en la secretaría de Salud de Chiapas, y el Seguro Popular que no garantiza el derecho a la salud de la población. No hay vacunas, no hay medicamentos, incluso los cirujanos ya anunciaron que van a suspender las cirugías en la región porque no hay anestesia”.

Y no es Chiapas un caso aislado. Hay denuncias similares en hospitales de la Ciudad de México, como el Hospital General, en Fresnillo, Zacatecas, en Veracruz, en Oaxaca, por citar sólo algunos ejemplos.

4. Sostiene Meade que “en los últimos el gobierno de México ha redoblado esfuerzos y avanzado con determinación para alcanzar la cobertura universal de salud.

Miente con todos los dientes. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el crecimiento promedio del número de beneficiarios, para el periodo 2010-2017, fue de 6.3%, mientras que la tasa de crecimiento del gasto público en salud para las instituciones estudiadas, para el mismo periodo, fue de 2.9%. El promedio total del gasto per cápita en salud registra una tendencia a la baja al disminuir 8% en términos reales y pasar de $2,956 en 2010 a $2,726 en 2017.

En otras cifras, contemplando el periodo 2008-2017, el gasto público en salud no es proporcional al incremento de beneficiarios, se redujo. En 2008 el número de derechohabientes era de 92 millones de personas. En 2017 sube a 149 millones de personas, es decir, registra un alza del 60%. Mientras tanto, el gasto per cápita pasa de $3,222 en 2008 a $2,726 en 2017, es decir, una reducción del 15%.

5. La propuesta de Meade es “fortalecer el Seguro Popular para que quienes hoy tienen acceso a la salud se puedan atender en cualquier clínica que les quede a la mano. Esto en favor de las personas que más lo necesitan, como la población en el campo y los adultos mayores.”

El precandidato priista quiere fortalecer el Seguro Popular porque tiene una cobertura inferior a la que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Vamos a los números: según el CIEP: los trabajadores de Pemex, así como quienes desempeñan labores en las secretarías de Defensa Nacional y Marina tienen un gasto per cápita de $10,671, mientras que los beneficiarios el IMSS tienen un gasto per cápita de $3,510, y los del Seguro Popular, sólo $1,168. La apuesta de los partidos que gobiernan al servicio de los empresarios es avanzar en la privatización de los servicios de salud.

Y más grave: los servicios del Seguro Popular, que son limitados y no cubren numerosas enfermedades con tratamientos muy caros, como la esclerosis múltiple, no son gratuitos. Depende de un estudio socioeconómico que se hace a las familias que solicitan registrarse si pagan o no. El pago puede ser de hasta $11,378.36 por año.

Protesta de trabajadores de la salud por falta de insumos

6. Según José Antonio Meade, “para garantizar la viabilidad del sistema de salud y magnificar su impacto en la calidad de vida de todos los mexicanos, debemos transitar de un sistema curativo a uno preventivo.”

Pero en la Ley de Presupuesto de Egresos 2018, que él mismo presentó cuando todavía fungía como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo incluyó un aumento de 0.09% al presupuesto para la Secretaría de Salud, $121,934,826,711. Y esto con el agravante de que es muy posible que gran parte de ese presupuesto se aplica al pago de turbias campañas publicitarias, como lo hizo en el periodo anterior el secretario Narro.

Mientras que el rubro de seguridad goza de algunos de los mayores aumentos: la Secretaría de Marina $31,305,775,196, un aumento de 18.8%; para la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se destinan $81,021, 903,813, es decir, 16.73% más; a Gobernación se le asignaron $63,207,464,603, un incremento de 8.6%, y la Procuraduría General de la República (PGR) recibe 16,243,787,465 pesos, un 2.1% más que en 2017.

Sulem Estrada, maestra de secundaria y aspirante al registro de una candidatura independiente al Congreso de la CDMX por la Plataforma Anticapitalista, responde a Meade:

Estamos hartos de las mentiras del gobierno y sus secuaces. Para que se garantice el acceso a la salud para toda la población es necesario tirar abajo la privatización de la salud que violenta los derechos constitucionales. Desde la fórmula Anticapitalistas al Congreso proponemos que haya acceso irrestricto a todos los servicios de salud, que se estaticen todos los servicios subrogados, como laboratorios, ambulancias, hemodiálisis, servicios de terapias y quimioterapias, entre muchos otros. Y que se implemente un aumento del presupuesto para la salud pública, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas (como la de Slim) y con la reasignación de presupuestos estatales y el federal –quitando fondos a la Secretaría de Defensa Nacional, Marina y corporaciones policiales.






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