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Red Internacional

Nuevo informe.Torturas, ejecuciones y masacres fueron parte del golpe en Bolivia

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), responsabiliza a la Policía, Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. Hoy se presenta en Senkata, y luego en Sacaba, Potosí y Montero. Las familias y víctimas de las masacres, heridos y torturas esperan que se haga justicia.

Juana RunaMilitante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Naomi Gonzales#YoCorresponsal y miembro del Organismo por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal "ProDHCre"

Miércoles 18 de agosto | Edición del día

Tras 8 meses de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mediante recolección de evidencias, entrevistas y testimonios de las víctimas y de quiénes fueron testigos de los crímenes de lesa humanidad, confirmó lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había reconocido en el mes de diciembre del 2019, es decir, que en Bolivia se produjeron masacres y crímenes de lesa humanidad.

Aunque el informe mantuvo su “mentada imparcialidad” evitando decir si hubo o no golpe de Estado, lo cierto es que al reconocer los brutales crímenes de lesa humanidad perpetrados por los aparatos represivos del Estado mientras se imponía el autodenominado “Gobierno transitorio” es una reconocimiento patente de que sí hubo golpe: verdad material. Cabe señalar que este último informe del GIEI incluso denuncia la existencia de ejecuciones sumarias mientras se desarrollaban las masacres de noviembre.

El informe fue inicialmente entregado al Gobierno de Luis Arce Catacora, hacia fines del mes de julio. A partir de su entrega, el ministro de Justicia, Iván Lima, hizo conocer que contarían con 10 días hábiles para revisarlo antes de hacer público su contenido. Pasaron más días, pero finalmente, ayer –en la ciudad de La Paz, fue la primera lectura pública de este informe. Hoy el mismo será también presentado en Senkata, el jueves 19 de agosto será presentado en el Puente Huayllani de Sacaba y el mismo día también en Potosí, para finalizar el 20 de agosto con su presentación en la ciudad de Montero, Santa Cruz.

El informe (un documento extenso de casi 500 páginas) concluye con 3 apartados de recomendaciones: “Recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia”; “Recomendaciones al Estado y a toda la sociedad civil boliviana”; y, “Recomendaciones al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Luis Arce Catacora, en el acto de presentación del informe, planteó que el Estado va a poner en marcha los mecanismos para garantizar la reparación integral a todas las víctimas de octubre-noviembre de 2019. Así también, atendiendo una de las recomendaciones del GIEI, derogó el Decreto Supremo 4461, de fecha 2 de febrero de 2021, que otorgaba amnistía “por razones humanitarias” a muchos de los detenidos y procesados, en 2019, por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Esta medida obedece al objetivo de que culminen los procesos judiciales contra los responsables de las violaciones a los DD.HH y crímenes de lesa humanidad, que con la amnistía a las víctimas estos también podrían alcanzar impunidad. Así mismo instó al ministerio Público a tomar acciones de acuerdo a las recomendaciones del GIEI y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar el juicio de responsabilidades para los autores de las masacres.

Parece que hoy, tras la publicación del informe, un amplio espectro de la base social del golpe, o dicho en otras palabras, el movimiento pitita y sus representantes que van desde la centro-derecha con Carlos Mesa a la cabeza hasta una derecha más militante y clerical como la de Luis Fernando Camacho, no pueden seguir negando que hubo masacres y tendrán que “bajar un cambio” a su racismo abierto cuando trataron de salvajes, vándalos y hordas a las vecinos y vecinas de Senkata acusándolos de que quisieron dinamitarse ellos mismos al derribar el muro.

Como lo transmitimos desde La Izquierda Diario, el 19 de noviembre de 2019, en que se perpetraba la masacre en Senkata, jamás hubo uso de dinamitas, el muro fue derribado mientras era empujado por las y los vecinos que resistían a la brutal represión policial y militar. Las mujeres que se encontraban ahí ni siquiera tenían un balde de agua para ahogar los gases que sin medida les eran arrojados por la represión policial. Es tan evidente esto que a pesar que la prensa hegemónica, que fue la voz del golpismo, trató y con relativo “éxito” buscó esconder, hasta que finalmente el GIEI ha sido contundente en establecer que lejos de ese discurso en el que las y los indios salvajes se mataron entre ellos lo que hubo fue un uso desproporcionado de la fuerza durante los operativos conjuntos de la policía y el ejército.

Frente a esto, también se observó que “aún las Fuerzas Armadas y la Policía no colaboran con la investigación”. Situación que, a más de un año y medio del golpe de Estado, es indignante ya que también el mismo informe reconoció lo que ya desde las asociaciones de familias de víctimas, heridos, torturados, venían denunciando. A saber, que “además se evalúa como verosímiles las denuncias de tortura y de violación del debido proceso legal en relación con los detenidos en noviembre, no solo porque repiten el modo de actuación de la policía en diversos puntos del país, evidenciando sistematicidad y centralidad, sino por la consistencia y corroboración de las fuentes. Todos los hechos –y especialmente la probabilidad de existencia de tortura sistemática en las unidades de la FELCC– deben ser exhaustivamente investigados y los responsables procesados y sancionados”.

Entre las primeras repercusiones, tras la primera presentación pública del informe, se difundió la del representante de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó que este informe contribuirá a las denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) así como ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Mientras que el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, anunció que este informe servirá para enjuiciar a Almagro por su papel en el golpe de Estado.

Otra declaración fue la del actual gobernador de Santa Cruz, el facho Camacho, señalando que si se enjuicia a Jeanine Áñez también hay que enjuiciar a Evo Morales, adelantando de esta manera que solo apoyarán un juicio de responsabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) si también se aprueba un juicio de responsabilidad para Morales.

Por su parte, el ex ministro de la Presidencia durante el Gobierno de Evo Morales, Juan Ramón De La Quintana, en declaraciones hoy en tempranas horas de la mañana, afirmó que hace falta una “profunda reforma de las FF.AA y de la Policía para que estas no sean usadas nuevamente por pequeños grupos de poder económico y político”. Como si estas reaccionarias instituciones pudieran ser reformadas y sin sacar ninguna conclusión de que durante 14 años intentaron “reformar” a estas instituciones que son las que terminaron masacrando al pueblo.

Aquí puedes ingresar al informe del GIEI-BOLIVIA: Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019




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