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Red Internacional

Hace unos días la revista Proceso publicó el reportaje especial “La desgracia de ser transgénero y estar en la cárcel”. Ahí se narra el caso de violencia transfóbica en el Reclusorio Norte ocurrido el 12 de mayo del 2014, el cual fue encubierto por las autoridades penitenciarias y hasta apenas comienza a difundirse el caso.

Leah Muñoz@DanmunozDan

Miércoles 8 de febrero de 2017 | 19:06

La madrugada de ese día un incendio provocado en una celda donde yacían mujeres trans ameritó el desalojo recinto, mismas que fueron desalojadas con lujo de violencia por parte de los custodios.

Una reclusa se defendió de la violencia física y verbal, la cual fue sometida, esposada, azotada y golpeada hasta dejarla inconsciente. Sus compañeras en su defensa se abalanzaron contra los custodios, los cuales solicitaron refuerzos que terminaron golpeando a las reclusas con tubos y bastones en zonas donde habían colocado injertos que feminizan su cuerpo.

Esta es la realidad de muchas mujeres trans y personas LGBTTTI+ en las cárceles del país. La identidad de género u orientación sexual de lxs presxs lleva a enfrentar una serie de violencias en los reclusorios por parte de otros presos o custodios que van desde agresiones verbales y físicas, abusos sexuales, servicios sexuales a cambio de productos o protección, extorsiones, desatención médica, violación de derechos por parte de las autoridades penitenciarias y la realización de trabajos estereotipados.

México es el segundo país con mayor violencia a la comunidad LGBTI+ en América Latina, y la Ciudad de México catalogada como “gay friendly” el primer lugar en crímenes de odio en todo el país.

La vida en las cárceles no está exentas de la violencia machista-transfóbica, la discriminación y estigmatización, sino que por lo contrario son lugares en donde opera con mucha fuerza e impunidad como lo muestra el reportaje.

La sanción del Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI)- en el caso del 12 de mayo del Reclusorio Norte- determinó que los custodios no eran culpables, ya que su actuar se justificó con el argumento de “salvaguarda de la integridad de los demás internos” y a las mujeres trans se les castigó con tres meses de aislamiento.

En el levantamiento de quejas y posteriores investigaciones por una comisión ahora se reclama “el uso indebido de la fuerza”, violaciones en el proceso de actuación del CTI y falta de protocolos en la atención a personas LGBTI+.

Los datos

De los 32 mil internos en la Ciudad de México el 1.5% pertenece a la comunidad LGBTI+.

El reportaje cita una encuesta aplicada por la CDHDF a la población LGBTI+ en los distintos penales de varones en la Ciudad de México y según los resultados las personas LGBT están sometidas a “discriminación, burlas, golpes, ofensas y agresiones físicas, psicológicas y sexuales; peor aún, que los ataques provienen indistintamente de custodios, presos o autoridades.”

Según el estudio, los funcionarios públicos utilizan descargas eléctricas, gas pimienta, palos y macanas, esposas, tablas y bastones para violentarles.

Transfobia institucional

Esta como otras formas de violencia por parte del Estado a personas trans se apoyan en una serie de complicidades con las autoridades que terminan encubriendo a los agresores. Basta recordar el caso de Paola Ledezma, en el cual las autoridades dejaron impune a su transfeminicida argumentando “falta de pruebas”.

También son muchos los casos en los que mujeres trans son negadas como tal por no contar con el cambio legal y son enviadas a reclusorios varoniles poniendo en riesgo su vida. O los casos de desatención médica que existen dentro de las cárceles dificultando el acceso a los tratamientos hormonales y seguimiento médico. Todo esto contrasta con el discurso oficial, que se dice “amigable con la diversidad sexual”.




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