OBRAS PÚBLICAS

Tren México-Toluca: inseguridad vial, atropellos y ecocidio

Fue en la mañana de este 4 de mayo. Las concesionarias de la construcción de este tren son La Peninsular, de Carlos Hank Rhon y OHL México, responsable del fraude en la operación y construcción del Circuito Bicentenario.

Sulem Estrada, maestra de secundaria

Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Miércoles 4 de mayo de 2016 | 20:15

Cayeron dos trabes (ballenas) que son parte del Viaducto elevado, por donde transitará el tren Interurbano México-Toluca. Ciento once toneladas y 17.5 metros de largo. Apenas las habían colocado hace unos días. Según distintos medios de prensa, esta vez no hubo heridos, ni trabajadores ni transeúntes.

Este tren eléctrico unirá el poniente de la Ciudad de México con el valle de Toluca, en el Edomex. Recorrerá 58 kilómetros. El costo aproximado de las obras será de 38 millones de pesos.

Incluirá seis estaciones: Observatorio, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca y finalmente la estación de Zinacantepec, sobre las faldas del Nevado de Toluca, un capricho de Arturo Montiel, tío de Peña Nieto. Se prevé una demanda de aproximadamente 270,000 usuarios por día y el objetivo era finalizar la obra en 2017.

Despojo contra pobladores

Las obras iniciaron en 2014. En junio de ese año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ordenó una tala de más de 37,000 árboles del bosque de La Marquesa. Fue para abrir paso al tren. También ahogaron con cascajo milpas de ejidatarios. A quienes acceden a vender sus tierras, se las pagan muy por debajo de su valor. Y a quienes se resiste…represión.

Nunca se consultó a los pobladores de las localidades por donde atravesará el tren. Entre éstas se cuentan los municipios de Lerma, Ocoyoac (donde está La Marquesa), Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, todos en el Estado de México, y las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón en la capital.

Apenas en noviembre de 2015, una protesta de comités de colonos que residen en la zona de la Avenida Vasco de Quiroga y Camino Real a Toluca, del pueblo de Santa Fe, perímetro de la delegación Álvaro Obregón fue reprimida por los granaderos, por oponerse a las obras.

Quiénes ganan

Los consorcios que resultaron adjudicados para las obras están vinculados al Grupo Atlacomulco, al cual pertenece Peña Nieto.

Las obras realizadas en la Ciudad de México fueron adjudicados a seis empresas: Caabsa Constructora, Omega Construcciones Industriales, Prefabricados y Transportes, Grupo Corporativo Amodher, Cargo Crane y González Soto y Asociados.

En el Estado de México, los beneficiados fueron la empresa La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, y OHL México, vinculada a un escándalo de corrupción.

Son tan turbios los negocios de Hank Rhon, que según trascendió en los Panamá Papers, Mossack Fonseca no quiso tramitar empresas offshore para él.

¿Cuántos millones recibieron por llevar a cabo obras con materiales defectuosos? ¿Qué “mordida” recibieron los políticos a su servicio que le adjudicaron la obra? ¿Cuáles serán las condiciones de trabajo de los obreros que allí laboran?

Una vez más se evidencia que al gobierno y los empresarios sólo les interesa hacer negocios, levantar el dinero en palas para engrosar sus abultadas cuentas bancarias. Para nada toman en cuenta las necesidades del pueblo trabajador.

Poner un alto a la expoliación

Desde la Plataforma Anticapitalista, fórmula 5 en la boleta de los candidatos independientes a la Constituyente, denunciamos estos atropellos.

Es necesario revocar la concesión de las obras de inmediato. Están en riesgo las vidas de los trabajadores que laboran para estas constructoras, de quienes transitan por la zona, así como de quienes residen allí.

Ni pensar en que las obras se terminen con materiales que no se sabe si pueden resistir el peso del tren repleto de pasajeros, o un sismo de gran magnitud.

Es necesario terminar con los negociados de los gobernantes y los partidos políticos al servicio de los empresarios. Es necesaria una renovación integral del sistema de transporte, pero no podemos confiar la vida del pueblo trabajador a estos mercenarios.

Por eso proponemos una planificación racional del transporte urbano que drásticamente la contaminación ambiental, terminando el negocio de los subsidios millonarios a los empresarios del transporte, y reduciendo el tiempo que la población trabajadora y los estudiantes pierden en trasladarse entre su trabajo o escuela y su vivienda. Pero esta planificación tiene que estar en manos de los trabajadores y de los colonos.

Las obras públicas y la renovación del transporte deben financiarlas los grandes empresarios, como Slim o Hank, a través de impuestos a sus fortunas y del no pago de la deuda externa. Pero bajo el férreo control de trabajadores y vecinos.

Asimismo, estamos en contra del despojo contra las comunidades indígenas y campesinas. Por eso, el fin de los megaproyectos que avasallan la tierra, el agua y los derechos de los pueblos originarios y afectan gravemente el medio ambiente es otra de nuestras propuestas. Que sean las comunidades las que definan democráticamente qué requerimientos urbanos necesitan.

Vota fórmula #5, Sergio Abraham Méndez Moissen. Anticapitalistas a la Constituyente.






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