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24 de junio de 2021 Twitter Faceboock

OHL
Peña Nieto y PGR al servicio de OHL
Lucía Rodríguez | México D.F.

Entre nuevos audios filtrados que involucran a diferentes niveles de gobierno, incluyendo al propio titular del ejecutivo, detenciones irregulares y "siembra" de un arma por miembros de la PGR, continúa destapándose la cómplice relación entre la empresa española OHL y el gobierno mexicano.

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El pasado 7 de septiembre, Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de portación ilegal de un arma. La detención fue efectuada tras la petición de un cateo al auto del abogado de mientras sostenía un encuentro con miembros de la Procuraduría que le mostraron una "orden de presentación" como testigo de una supuesta denuncia por filtración de audios.

El video donde se ve que un sujeto vestido de mezclilla acompañados de otros que portan armas y se presume son policías, entra al auto BMW del detenido, a sembrar el arma, fue entregado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, Paulo Diez denunció que lo mantuvieron tres horas incomunicado y la extracción ilegal de información de sus cuentas de correo electrónico y Whatsapp a través de su celular, que aún se mantiene en poder de la PGR.

Tras pagar 65 mil pesos de fianza el abogado de la empresa Infraiber fue liberado bajo caución el miércoles 9 de septiembre.

La empresa Infraiber ha denunciado a la empresa española OHL por irregularidades en el aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense y los casos de corrupción con el gobierno mexicano para otorgar concesiones y suspender contratos favoreciendo a la OHL.

La detención de Paulo Diez coincide con el anuncio del presidente internacional de OHL, el español Juan Villar Mir, de estar emprendiendo las acciones "civiles y penales" en contra de la empresa Infraiber por haber filtrado más de una decena de audios en Youtube, con voces manipuladas, con el fin de atacarla y desprestigiarla. La denuncia fue presentada formalmente el 10 de septiembre y ya se realizó un cateo a las oficinas de Infraiber.

El régimen al servicio de los empresarios

Estos hechos ocurren después de audios difundidos que involucran al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y al presidente Enrique Peña Nieto, en reuniones privadas con directivos de la compañía OHL.

En los audios se escucha a José Andrés de Oteyza, director general de OHL, contando a Pablo Wallentin de una reunión con el ejecutivo federal, en la cual este se comprometió a “frenar” a la empresa Infraiber, comprometiéndose a que dicha empresa no auditará el tráfico de obras en las carreteras concesionadas a OHL.

La reunión se habría realizado, supuestamente, el 6 de abril y en ella habían estado presentes Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Enrique Peña Nieto, presidente de la República.

Un mes después de la supuesta reunión Eruviel Ávila, el gobernador del Estado de México canceló el contrato con Infraiber.

A esto se suma los elementos publicados por el portal de noticias Sin embargo.mx que revelan que producto de la no modificación de la concesión con OHL, a pesar de la cancelación del contrato para colocar monitoreo en las carreteras, la empresa ha podido cobrar un 30% más a los usuarios desde 2014. Esto le ha permitido un aumento de 44 millones en las ganancias. Esto se ha realizado con la complicidad de gobierno de Eruviel Ávila.

Todos estos elementos desnudan la manipulación de las diversas instituciones gubernamentales, incluyendo las de justicia y sus funcionarios, para defender los intereses de una empresa transnacional que se ha vuelto socia de los gobiernos priistas. La violación a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias son una práctica común en el régimen de la represión, los asesinatos y las desapariciones.

El gobierno actúa para defender a sus socios capitalistas a costa de la mayor explotación y los golpes a las condiciones de vida. Las obras públicas no están en función de satisfacer las necesidades de la población sino en el aumento de las ganancias de los grandes empresarios, que se alían con una casta política para que dicten leyes y reformas que defiendan sus intereses.

 
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