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Claves del primer discurso presidencial de Pedro Castillo

Tiempo estimado 11:35 min


En la perspectiva de construir un gobierno de unidad nacional, Pedro Castillo anunció en su primer discurso a la nación, que su prioridad será enfrentar la pandemia y reactivar la economía, pero sin afectar los intereses de los grandes empresarios. Sobre la posibilidad de cambiar la constitución de 1993, dejó en claro que esto dependerá del Congreso de la República, al cual presentará un proyecto de ley desde el ejecutivo para que la actual Constitución contemple la figura de la Asamblea Constituyente.

José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Jueves 29 de julio | 03:29

Al promediar el mediodía del miércoles 28 de julio, y en el marco de las celebraciones por la conmemoración del Bicentenario de la independencia del Perú, Pedro Castillo, flamante presidente electo en las pasadas elecciones, quien es docente y sindicalista nacido en la zona alto andina de Cajamarca hace 51 años, daba su primer mensaje a la nación. De esta manera, por primera vez en la historia del Perú, un profesor de primaria, proveniente de la zona rural de una de las regiones más pobres del país, llegaba a la presidencia de la República.

“(…) debemos dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses personales, para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian (…) convocó a todos los hombres y las mujeres del Perú sin distingos de ninguna naturaleza, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la unidad nacional. Esta es una tarea que nos compromete a todos; lo haremos en democracia buscando la concertación nacional”. Con esta invocación a la unidad con los partidos de la derecha y con los empresarios, Castillo daba por concluida su alocución, la cual duró más de 1 hora, donde abordó diversos temas; desde la reactivación económica hasta la Asamblea Constituyente.

¿Es posible una Asamblea Constituyente sin movilización social y en el marco de la Constitución del 93?

Como se sabe, el cambio de Constitución a través de la Asamblea Constituyente fue uno de los ejes principales que enarboló Castillo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas. Esta demanda, que ha empezado a ser tomada por importantes sectores de la población, causó mucho descontento y temor en los sectores empresariales y los partidos políticos de la derecha, por esa razón, su cuestionamiento a Castillo se centró en promover una campaña de odio orientada a descalificarlo de manera macartista y racista.

Ya en la segunda vuelta, Castillo inició un viraje hacia la moderación dejando de lado los cuestionamientos al modelo económico, a las instituciones del régimen y la demanda por la Asamblea Constituyente pasó a segundo plano. Esta nueva dinámica lo llevó a firmar la denominada “Proclama ciudadana”, en donde se comprometió a respetar la Constitución de 1993, sus instituciones y el estado de derecho.

Es en función de este acuerdo utilizado para disipar el miedo de un sector de la derecha y ante la necesidad de no mostrarse totalmente ajeno a una de las demandas más voceadas por la izquierda peruana como es la Constituyente, Castillo en su discurso del pasado 28 de julio mencionó que: "Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria de una Asamblea Constituyente (…) Insistiremos en esta propuesta pero siempre dentro del marco de la ley (...) Anuncio que presentaremos ante el Congreso, respetando escrupulosamente el proceso, un proyecto de ley para reformarla".

Esto quiere decir que desde el ejecutivo se presentará, en un plazo aún no definido, un proyecto de ley para modificar la actual Constitución, de tal manera que esta termine por incorporar la figura jurídica de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, para que esto proceda y el proyecto sea aprobado por el Parlamento, según lo establece la misma constitución en su artículo 206, este deberá contar como mínimo con 66 votos a favor (la mitad más uno). Después de ser aprobada en el Congreso, esta iniciativa deberá ir a referéndum popular (la única manera de evitar el Referéndum pasa porque dicha propuesta sea aprobada en dos legislaturas sucesivas y por 87 votos).

Como se sabe, Perú Libre y sus aliados parlamentarios (Juntos por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado), aun si tuvieran acuerdo de apoyar esta iniciativa que modificaría la Constitución, en la actualidad no alcanzarían los votos necesarios para lograrlo ya que la mayoría congresal es conservadora como claramente quedó demostrado en las pasadas votaciones para elegir a la nueva mesa directiva, donde la opción de derecha presidida por María del Carmen Alva de Acción Popular se impuso con 69 votos a favor, mientras que la lista afín a Castillo ni siquiera pudo concretar su participación en esta primera puja parlamentaria. Por tal razón, nos parece que, de darse esta iniciativa de reforma constitucional desde el ejecutivo, lo más probable es que termine estancada en el Congreso, con lo cual Castillo tendría el argumento idóneo para decirle a sus seguidores y a quienes apuestan por el cambio de la Constitución: “lo intente, pero no se pudo por culpa del Congreso”.

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¿Es posible reactivar la economía y mejorar la salud pública sin tocar los intereses y la propiedad de los grandes empresarios?

Otro de los temas abordados por Castillo en su discurso fue la reactivación económica y la repotenciación del sistema sanitario público para, supuestamente desde ahí, combatir la pandemia y asegurar la materialización del derecho universal a la salud.

Para lograr este objetivo el presidente electo mencionó una serie de iniciativas relacionadas a planes sociales, políticas redistributivas y mecanismos crediticios para favorecer a los medianos empresarios, sin embargo, fue claro al señalar que los ahorros de los ricos no se tocaran y que hablar de expropiarlos era “totalmente falso”. De esta manera, la posibilidad de que se pueda implementar un impuesto progresivo a la riqueza para con esos recursos reactivar la economía y servicios sociales básicos como salud o educación, de plano queda descartada.

Así mismo, dejó en claro que durante su gobierno se respetará escrupulosamente la propiedad privada y que esta será la base para esa reactivación, en ese entender señaló: “Queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que son la base de la inversión. La propiedad de las personas obtenida con esfuerzo está garantizada por la legalidad (...)". En otro momento de su intervención dijo con mucho énfasis que: "No pretendemos ni remotamente estatizar la economía ni hacer una política de control de cambios".

A esto se suma el silencio sepulcral que mantuvo durante todo su discurso sobre la situación de la clase obrera, la cual, no solo ha sido la más golpeada por la pandemia y por las medidas de sobre explotación impuestas por los empresarios, sino que también es la más golpeada por las políticas de ajuste de los diferentes gobiernos neoliberales de los últimos 30 años y por la misma constitución de 1993 que promueve y avala el recorte de los derechos laborales. Cabe mencionar también que hoy el 70% de la clase trabajadora peruana se encuentra laborando en condiciones informales y por tanto sujeta a situaciones de sobreexplotación y precarización, además de ello, miles de trabajadores fueron despedidos arbitrariamente por sus empleadores en lo que va de la pandemia amparándose en la vigencia de la denominada “suspensión perfecta de labores”, sobre la cual no dijo nada Castillo, como tampoco dijo nada sobre la derogación de regímenes precarizadores del empleo como CAS y terceros.

De igual manera no dijo nada de los grandes empresarios vinculados al negocio de la salud, como los dueños de las clínicas privadas, cadenas farmacéuticas o los centros de producción y expendio de oxigeno medicinal, quienes fueron los que más lucraron con el drama de millones de peruanos, sobre todo de los sectores más empobrecidos, que se vieron perjudicados por la proliferación del Covid-19 y por la crisis del sistema sanitario público.

Si bien esbozó una tibia crítica al modelo neoliberal, dejó en claro también que la base de la economía, y por tanto de la reactivación, seguirá reposando sobre la gran inversión minera extranjera lo cual condiciona el carácter dependiente y atrasado de nuestro país. En ese entender, hablo de hacer “un nuevo pacto” con los grandes empresarios mineros basado en una nueva forma de implementar los grandes emprendimientos en este rubro, al cual denomino “minería con rentabilidad social”, el cual no es otra cosa que una readaptación del vigente modelo de explotación minera que nos condena a ser un país primario exportador.

Lo que se viene

Estas medidas ya reseñadas, que las podríamos considerar como medulares, vinieron acompañadas de otras iniciativas, a las cuales denominaremos efectistas, por el impacto que pueden generar en la población no muy familiarizada con los temas políticos pero que hace parte de ese grueso número de personas que rechazan el quehacer de la denominada “clase política”. Dentro de estas medidas se encuentran el anuncio de que el Palacio de gobierno no será más la sede del ejecutivo y que, de aquí para adelante, la denominada “casa de Pizarro” se convertirá en un museo público. Este anuncio se suma al ya hecho anteriormente sobre la reducción del sueldo presidencial, de los ministros y de los congresistas.

Otras medidas de esta naturaleza y relacionadas a las reivindicaciones culturales de los pueblos originarios, son el cambio de nombre del ministerio de Cultura, el cual ahora se llamará ministerio de las Culturas, así como la implementación del enfoque intercultural en la administración pública. Respecto al manejo de la publicidad del estado, podemos mencionar el anuncio que ahora el gobierno priorizará los medios de comunicación regionales y las redes sociales y ya no las grandes cadenas mediáticas tan cuestionadas por la población. En materia de seguridad ciudadana se manifestó que las rondas urbanas se institucionalizarán como mecanismos de control y prevención de la delincuencia, además de ello se dejó en claro que los extranjeros que delincan serán expulsados del país en 48 horas, mientras que los jóvenes que no estudien ni trabajen (nunca hablo de porque ocurre esto) serán llevados al servicio militar.

Con todas estas medidas cargadas de retórica progresista y populista, lo que al parecer buscaría el nuevo presidente es no perder el apoyo de los sectores populares y de la izquierda reformista y centrista que lo sostuvo en la segunda vuelta y que fue construyendo el relato del “gobierno del Perú profundo”. Mientras que, con las medidas continuistas en materia económica lo que buscaría es empalmar con los grandes empresarios para concretar así su ansiado proyecto de unidad nacional el cual, como todo proyecto de esta naturaleza, está orientado a recomponer la confianza de las masas en el estado burgués y en sus instituciones, cooptando o desviando para ello el descontento y la movilización social.

¿Lo logrará? Esto dependerá de la lucha de clases y de las nuevas luchas que se puedan abrir hacia delante, donde la clase trabajadora está llamada a jugar un rol importante.





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